Diputados pusieron límites a plazos judiciales y la prisión preventiva en Código Procesal Penal

La Cámara de Diputados se propone aprobar entre este martes y mañana miércoles la reforma del Código Procesal Penal, en la que se fijó un límite a la duración de los procesos, que serán de hasta cuatro años, y de cinco cuando el caso sea declarado complejo.

Además, el proyecto que debatirán los diputados establece controles más estrictos para evitar “abusos y prolongación indebida” de la prisión preventiva.

Ambos elementos, según explicó Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, fueron parte de los acuerdos alcanzados entre los órganos del sistema de justicia y que la Cámara buscará respetar “estrictamente”.

Pacheco afirmó que los nuevos plazos garantizarán que ninguna de las partes pueda retrasar un caso indefinidamente y que la justicia opere con mayor equilibrio entre persecución penal y derechos fundamentales.

En ese sentido, explicó que, por el consenso logrado, los procesos ordinarios no podrán exceder cuatro años, mientras que los complejos tendrán un máximo de cinco; además, los retrasos provocados por los imputados serán descontados del cómputo final del proceso.

Esa disposición coincide con el texto aprobado por el Senado, cuyo artículo 151 fija una duración máxima de cuatro años, aunque esta puede ampliarse en algunos casos. 

La prisión preventiva

En materia de prisión preventiva, Pacheco señaló que la reforma refuerza las garantías y los controles para que esta medida de coerción no se prolongue más allá de lo razonable.

Recordó que, en medio de los debates con los distintos poderes del Estado, se propuso un régimen más estricto que al final no fue acogido.

El proyecto que llegó desde el Senado establece que la prisión preventiva no puede exceder 12 meses, y puede ser prorrogada por seis meses adicionales cuando la decisión es apelada.

Para los casos complejos, el texto contempla un régimen distinto, en el que la prisión preventiva podría extenderse hasta 24 meses, según el artículo 377.

Con los detalles ofrecidos por Pacheco, ahora la prisión preventiva quedaría fijada en 12 meses, aun cuando el caso sea complejo.

Apuro por aprobar

Según una sentencia emitida en diciembre de 2024 por el Tribunal Constitucional, el Congreso tiene hasta el 11 de diciembre para aprobar un nuevo Código Procesal Penal o, de lo contrario, la norma saldrá del ordenamiento jurídico nacional.

Para la aprobación, los diputados deberán hacer dos votaciones reglamentarias y luego enviar el proyecto al Senado, donde nació originalmente.

Los acuerdos

El presidente de la Cámara Baja explicó que todos los límites a la prisión preventiva y a los plazos razonables forman parte de los acuerdos construidos con el Senado, la Procuraduría, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y representantes de la sociedad civil.

Señaló que la comisión presentó un informe con algunas variaciones, pero que la intención es corregirlas.

“Tal vez no es el código que cada quien quiere, pero es uno que permite mayores avances en la persecución penal y, al mismo tiempo, respeta las garantías”, precisó. 

Pacheco adelantó que propondrá conocer el proyecto este mismo martes en primera lectura y que su intención es solicitar que se declare de urgencia para aprobarlo mañana miércoles en segunda lectura.

La Cámara de Diputados ya leyó en el Pleno el texto íntegro del informe y prevé comenzar los debates este martes.

El Senado, informó Pacheco, ya prepara una sesión para el viernes, a fin de tener tiempo de revisar las modificaciones que los diputados introducirán.

Si ambas cámaras coinciden, el proyecto se enviará ese mismo fin de semana al Poder Ejecutivo, que tendrá el plazo constitucional para promulgarlo o devolverlo.

El presidente de la Cámara insistió en que “el país contará con un mejor Código Procesal Penal”, sin sacrificar el respeto a los derechos de los ciudadanos sometidos a la justicia.