Gobierno propone nueva entidad anticorrupción que inhabilitaría a funcionarios por cinco años

El Poder Ejecutivo depositó este martes en el Senado un proyecto de ley que crea la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (Digiteg), una nueva entidad autónoma que sustituirá a la actual Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y que tendría facultades para investigar denuncias, imponer sanciones administrativas e inhabilitar a funcionarios por hasta cinco años.

La iniciativa, entregada por la directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, busca fortalecer las políticas de transparencia, prevención de la corrupción y acceso a la información pública, además de ampliar las competencias de la institución hacia áreas como la protección de datos personales y la protección de denunciantes, informantes y testigos.

De acuerdo con el proyecto, la nueva entidad será un órgano autónomo y descentralizado del Estado, con independencia administrativa, financiera y funcional, y será la autoridad rectora del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública.

Entre sus atribuciones figura recibir e investigar denuncias sobre posibles actos de corrupción y faltas éticas, ya sea por denuncias de ciudadanos, de las Comisiones de Integridad Gubernamental o incluso por actuaciones iniciadas de oficio. 

En los casos en que encuentre indicios penales, deberá remitirlos al Ministerio Público.

Sanciones para funcionarios

La propuesta también establece un régimen de sanciones administrativas para los servidores públicos. 

Las faltas leves podrían ser castigadas con amonestaciones o suspensiones de hasta 30 días y las graves con suspensiones de hasta 60 días y multas de hasta 15 salarios mínimos del sector público.

Asimismo, las faltas muy graves conllevarían multas de hasta 30 salarios mínimos, destitución del cargo e inhabilitación temporal para ocupar funciones públicas por un período de hasta cinco años.

El proyecto establece que todos los funcionarios y servidores públicos deberán presentar una declaración de conflictos de intereses dentro de los 30 días hábiles siguientes a asumir sus funciones.

También dispone la creación de un Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública, con el propósito de articular las políticas de transparencia, acceso a la información, gobierno abierto, datos abiertos, conflictos de intereses, protección de datos personales y mecanismos de denuncia.

Una ley más fuerte

Durante el acto de entrega de la pieza, Ortiz Bosch afirmó que el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de transparencia se sustenta en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública y en el derecho de los ciudadanos a exigir información al Estado.

“La transparencia reside en una ley fundamental, la ley de libre acceso a la información, que tiene dos pilares: el derecho del ciudadano a pedir información y la obligación del gobierno a entregar esa información”, expresó.

La funcionaria sostuvo que la nueva legislación propuesta fortalece las atribuciones de la institución y le otorga herramientas de las que no disponía anteriormente.

“Es una ley que hace más fuerte el trabajo que hacemos nosotros y le da más derechos y más oportunidades de reunirse con la sociedad para trabajar en conjunto”, manifestó.

Destacó además que la iniciativa convierte a la futura entidad en un órgano autónomo y descentralizado, con mayores capacidades funcionales, financieras y administrativas.

Ortiz Bosch resaltó que por primera vez se incorpora la facultad de imponer medidas sancionadoras para garantizar el cumplimiento de las disposiciones.

“Aparece por primera vez una actividad que no teníamos, que era la potestad de poner medidas que busquen o lleven a la obligación del cumplimiento, porque el cumplimiento es la base fundamental de las cosas que nosotros hacemos”, indicó.

La directora de la Digeig explicó que la propuesta también incorpora la protección de datos personales y la salvaguarda de los denunciantes.

Además, señaló que uno de los principales avances de la iniciativa es la creación de un sistema integral en materia de transparencia e integridad.

“Ya dejan de ser medidas aisladas y se convierten en un sistema que crea una visión y una manera de funcionar todos juntos”, afirmó.

Según Ortiz Bosch, la elaboración del proyecto contó con el acompañamiento de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Conferencia Latinoamericana de Sociedades de Derecho Público, entre otras entidades.

Al recibir la pieza, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que la propuesta será estudiada con todos los trámites congresuales y tomada en cuenta para ser estudiada en una comisión.