Senado aprueba en única discusión proyecto que modifica ley de residuos sólidos

El Senado de la República aprobó la tarde de este martes, en única discusión, el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos con los cambios que introdujeron los diputados.

La iniciativa ya había sido conocida por la Cámara Alta; sin embargo, volvió a ser sometida a consideración debido a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

• De los 24 senadores presentes, 22 votaron a favor del proyecto y dos en contra.

El senador por la provincia Hato Mayor, Venerado Castillo, solicitó su inclusión en el orden del día al señalar que este martes vencía el plazo para que las empresas realizaran la liquidación correspondiente a la contribución por el manejo de residuos sólidos.

Tras la aprobación, la senadora por Puerto Plata, Ginnette Bournigal, advirtió que la premura no siempre es la mejor consejera y expresó que no todas las iniciativas que lleguen al Senado deben ser aprobadas con carácter de urgencia.

"Que nos sirva para hacer las cosas con más lentitud. Voy a votar porque en la otra no voté, pero no está bueno", manifestó.

Modificaciones introducidas por los diputados

Ayer martes, la Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas y de urgencia el proyecto con varias modificaciones.

Pasadas las seis de la tarde, los diputados debatieron las adecuaciones propuestas por el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco.

Entre los principales cambios figura la modificación del artículo 3, específicamente de los numerales 10, 11 y 12 del párrafo I, para establecer que las personas jurídicas o entidades con ingresos desde 0 hasta 5 millones de pesos contribuir con 5,000 pesos al año

Asimismo, se dispone que las empresas con ingresos entre 700,000,001 millones y 1,000 millones de pesos aporten 750,000 pesos; las que perciban entre 1,000,000,001 y 2,500 millones paguen 1.7 millones de pesos, mientras que aquellas cuyos ingresos superen los 2,500 millones contribuyan con 2.2 millones de pesos.

Además, la reforma crea una nueva categoría para las personas jurídicas con ingresos de hasta 5 millones de pesos, cuyo aporte será de 5,000 pesos.

La iniciativa también modifica el párrafo IV del artículo 36 para establecer que la contribución será liquidada anualmente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y pagada en dos cuotas semestrales: el 50 % junto con la declaración jurada del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el 50 % restante seis meses después. La DGII deberá transferir los fondos recaudados a la Tesorería Nacional en un plazo de 30 días, para que esta los deposite en el fideicomiso creado por la ley.

Asimismo, incorpora tres nuevos párrafos al artículo 36. El primero establece que la contribución será deducible de la renta bruta, conforme al Código Tributario; el segundo fija un aporte máximo de RD$675,000 para las empresas que operen como comisionados o comisionistas, aunque sus ingresos superen los RD$700 millones; y el tercero dispone que las normas del Código Tributario serán aplicables a la administración de esta contribución.

Otra de las modificaciones crea un régimen transitorio para las empresas cuyo aporte sea superior al establecido en la Ley 98-25, permitiéndoles pagar el monto correspondiente durante el año fiscal 2025.

Finalmente, se incorpora un artículo transitorio para que, de manera excepcional, las personas jurídicas y entidades privadas que aún no hayan realizado el pago de la contribución puedan hacerlo en julio y diciembre de 2026.

Pacheco defendió la reforma

Al referirse al proyecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció que durante su paso por el Congreso la iniciativa ha recibido numerosas críticas, especialmente del sector empresarial.

No obstante, sostuvo que la reforma es necesaria para fortalecer la organización del país en materia de gestión de residuos sólidos.

Indicó, además, que la Cámara de Diputados acogió varias sugerencias durante el proceso de discusión y adelantó que la legislación continuará siendo objeto de revisión en el futuro.

Según explicó, República Dominicana necesita entre RD$20,000 millones y RD$30,000 millones para resolver de manera definitiva el problema de los residuos sólidos.

"Estamos avanzando. Son medidas que generan cargas, duelen y molestan, sobre todo a los sectores productivos, y nosotros lo reconocemos. Hemos trabajado arduamente con muchos sectores", afirmó.

Prohibición del foam

La iniciativa también mantiene la prohibición de importar sorbetes, tenedores, cuchillos, cucharas de plástico, vasos y otros productos elaborados en poliestireno expandido (foam) que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.

Asimismo, dispone que, seis meses después de la promulgación de la ley, se fomentará el uso de sustitutos sostenibles fabricados con papel o cartón reciclado y biodegradable.

La pieza fue aprobada pese al pronunciamiento del sector empresarial y a críticas de partidos de la oposición que aseguraban que los montos son elevados e injustos.