Diputados dan primer espaldarazo a proyecto que endurece controles antiplagas

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto que busca endurecer las normas  para prevenir y controlar plagas en el territorio nacional y regular la fabricación, el comercio y el uso de productos químicos para cultivos.

El Proyecto de Ley de Protección Fitosanitaria, favorecido en primera lectura por los legisladores, instituye la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) como una dependencia del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, encargada de ejecutar y aplicar las disposiciones de la iniciativa.

La pieza deberá ser votada por segunda vez por los diputados para luego continuar su procedimiento legislativo en el Senado de la República.

Esta propuesta es de la autoría de los diputados Adelso de Jesús Rubén Contreras y Lidia Esther Pérez, y también contempla medidas para facilitar el comercio nacional e internacional de plantas y productos.

¿Qué es el Sistema Nacional de Protección Fitosanitaria?

La iniciativa instituye el Sistema Nacional de Protección Fitosanitaria como un conjunto de recursos y mecanismos de administración, organización, provisión de servicios y ejecución de actividades que llevan a cabo instituciones públicas y privadas, dotadas de personería jurídica y legalmente reglamentadas por el Estado.

En ese sentido, la ONPF queda facultada para cobrar tarifas por sus servicios. El 50% de lo recaudado será utilizado por la propia organización, mientras que el otro 50% irá al Ministerio de Agricultura.

Otros puntos

- Entre las disposiciones de la iniciativa se establece que toda empresa dedicada a la comercialización o aplicación de plaguicidas deberá contar obligatoriamente con un profesional agrícola acreditado como regente, lo que podría suponer una carga económica adicional para pequeños negocios.

- Asimismo, los inspectores de la ONPF estarán facultados para ingresar a cualquier lugar, incluidas casas particulares, si sospechan de una violación a la ley.

Sin embargo, para realizar registros domiciliarios se requerirá el auxilio del Ministerio Público y una orden judicial, que deberá resolverse en un plazo de 24 horas.