¿Transparencia de forma o de fondo? Las dudas sobre la Dirección de Ética que vigila al Estado
Creada para promover integridad y gobierno abierto, esta entidad se convirtió en árbitro y, al mismo tiempo, en blanco de críticas
La lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia representan dos de las principales banderas del gobierno del presidente Luis Abinader.
En el 2020, ambos ejes se convirtieron en parte central del discurso que llevó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) al poder frente a un Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debilitado y señalado por prácticas que deterioraron la credibilidad institucional.
“Caiga quien caiga”, advirtió entonces el mandatario, al prometer la consolidación de un Estado más ético y responsable.
En ese esquema, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) se posicionó como uno de los instrumentos clave de esa agenda. Su titular, Milagros Ortiz Bosch —primera mujer electa vicepresidenta de la República—, construyó una imagen pública asociada a la defensa de causas sociales y a un discurso de rectitud moral.
Sin embargo, en los últimos meses la credibilidad de la institución ha sido cuestionada por partidos de oposición y sectores de la opinión pública.
Las críticas se concentran en los criterios de monitoreo y evaluación aplicados a gestiones luego vinculadas a presuntos casos de corrupción, como en los que se involucra a Santiago Hazim en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) o a Hugo Beras, en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La interrogante es directa: ¿cómo opera la entidad llamada a guiar la ética pública en un país donde la corrupción sigue siendo un problema estructural, tanto cultural como económico? ¿Y cuáles son, en la práctica, sus atribuciones y límites?
Radiografía institucional
Adscrita al Ministerio de la Presidencia, la Digeig comenzó a funcionar como dirección en el 2012. Para el 2026 cuenta con un presupuesto asignado de 401 millones de pesos. Su nómina mensual asciende a 12,725,966 pesos.
Según la propia institución, su estructura se mantiene prácticamente estable. De 172 colaboradores en el 2020 pasó a 169 en la actualidad, pese a que —sostiene— sus funciones rectoras se ampliaron.
Denuncias y expedientes
Al 28 de enero del 2026, la Dirección registraba 22 denuncias en proceso de investigación y resolución.
Entre el 2020 y 2026 recibió 1,151 denuncias y concluyó 1,225 casos, cifra que incluye expedientes heredados de administraciones anteriores. La entidad afirma que este resultado permitió saldar pasivos históricos y alcanzar en el 2023 la resolución total de la carga procesal acumulada.
Cuando las investigaciones arrojan indicios penales, los casos se remiten al Ministerio Público. Desde agosto del 2020 hasta enero del 2026 enviaron 61 expedientes a la Procuraduría General de la República, en especial a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Entre los procesos con mayor visibilidad figuran el de la Lotería Nacional (fraude de 500 millones de pesos), del Instituto Postal Dominicano (irregularidades contractuales), del Plan Social de la Presidencia (desaparición de discos duros), del Ministerio de Salud Pública (venta de cargos) y el Ministerio de Agricultura (malversación de 3.8 millones de pesos).
Senasa y las evaluaciones
Uno de los puntos más controvertidos es el sistema de evaluación de los portales de Transparencia.
Entre enero y septiembre del 2025, Senasa obtuvo una puntuación promedio del 90.95 % en los informes mensuales de la Digeig. En el 2021, incluso, alcanzó una calificación perfecta de 100 puntos.
En su momento, Santiago Hazim, entonces director ejecutivo, celebró ese resultado y lo vinculó con el compromiso de transparencia institucional. Hoy, cumple 18 meses de prisión preventiva, junto con otros cinco imputados, por su presunta participación en un fraude que el Ministerio Público estima en más de 15,900 millones de pesos.
“Senasa tenía cosas mucho más graves”, advierte Ortiz Bosch. “Parece que no tenía una auditoría interna”.
Actualmente, la Digeig asegura que el 95.3 % de las instituciones públicas cumple con esa obligación, frente a apenas un 40 % en el 2020.
Sin poder sancionador
Una limitación reiterada es la falta de facultades sancionatorias. La Dirección puede monitorear, recomendar y remitir expedientes, pero no castigar.
Ortiz Bosch afirma que esta debilidad sería corregida en un proyecto de ley que transformaría la entidad en la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental, con potestades administrativas para aplicar medidas disciplinarias, aunque sin sustituir al sistema judicial.
Las críticas
Desde la oposición, el escepticismo persiste.
El vicepresidente del PLD, Iván Lorenzo, cuestiona la actualización de los portales de Transparencia y el cumplimiento de las declaraciones juradas de patrimonio. Afirma que solicitó explicaciones formales sobre cientos de casos presuntamente remitidos a la Procuraduría y que, según su versión, la respuesta oficial redujo bastante esa cifra.
“Lo único que Milagros me dijo fue que Senasa no está dentro de los cincuenta expedientes que ella mandó al Pepca. Es como si se tratara del caso cincuenta y uno”, advierte.
Para Rafael Castillo, diputado de la Fuerza del Pueblo, las altas calificaciones otorgadas a instituciones luego investigadas revelan debilidades técnicas. “No diría que el alcance es limitado; parece inexistente”, sostiene, al acusar al Gobierno de utilizar la Dirección como herramienta política.
Autonomía y alcance real
El debate también es estructural. El sociólogo Celedonio Jiménez considera que depender del Poder Ejecutivo restringe la independencia de la Digeig. A su juicio, la subordinación administrativa limita su capacidad supervisora frente al propio Gobierno.
“La liga a una instancia política que la sustenta económicamente, y que, por demás, comporta y representa intereses múltiples, amplios y profundos”, observa.
Ortiz Bosch rechaza esa tesis y asegura que el presidente de la República no interfiere en su labor. Reconoce, no obstante, haber recibido presiones de funcionarios.
Desde la sociedad civil, las opiniones son más matizadas. Joseph Abreu, excoordinador de Participación Ciudadana, sostiene que la Dirección cumple su rol de notificar y canalizar irregularidades.
Servio Tulio Castaños, de la Fundación Institucionalidad y Justicia, subraya que tampoco puede exigírsele funciones que corresponden al Ministerio Público, la Cámara de Cuentas o la Contraloría. “La Digeig diseña políticas, previene y denuncia. No la podemos ver como una institución solitaria que resolverá el problema de la corrupción”, resume.
En indicadores internacionales, la República Dominicana muestra avances graduales. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, de Transparencia Internacional, el país obtuvo 37 puntos y ascendió al puesto 99, mejorando respecto al lugar 104 alcanzado un año antes.Aun así, expertos advierten que el progreso depende no solo de una dirección administrativa, sino del desempeño coordinado del Congreso Nacional, los órganos de control y la justicia.
El factor personal
Tras una larga trayectoria en el Estado, Ortiz Bosch reconoce que le preocupa el futuro de la institución.
En diversas ocasiones, sus críticos sugirieron su retiro. Ella responde con ironía: dice que agradecería un movimiento social que la envíe a casa, aunque, por ahora, ese relevo no se ha materializado porque muchos de los que formarían ese grupo no exigieron lo mismo, en su momento, a presidentes como Juan Bosch o Joaquín Balaguer.
“Yo estaría contentísima”, puntualiza Ortiz Bosch.