Cancillería revisó política de combustible tras observaciones de la Contraloría
Las auditorías revelan el uso discrecional de cientos de millones de pesos en combustible en las instituciones públicas
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) tomó una serie de medidas para corregir varias irregularidades detectadas por una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) en la asignación del subsidio de combustible a sus empleados.
Cancillería respondió a varias preguntas formuladas por Diario Libre para el reportaje “Tickets de combustible sin control drenan las arcas públicas”, en el que se evidenció la fuga de cientos de millones de pesos en asignaciones sin controles en varias instituciones auditadas por la CGR.
Uno de los hallazgos en el Mirex fue que se ejecutaba en su totalidad cada mes una partida de 250 mil pesos dedicaba a "Imprevistos de combustibles" sin constancia del motivo que justificaba su uso entre agosto del 2020 y abril del 2021.
La Dirección Administrativa del Mirex indicó que esta situación fue subsanada el 11 de octubre de 2023, mediante la implementación de una política de Compensación por Desplazamiento que obligó a que estos tickets sean entregados a aquellas áreas que, por la naturaleza de sus funciones, lo ameriten, “así como para atender situaciones que se presenten”.
“En cuanto a los tickets destinados a imprevistos, se precisa que estos responden a necesidades operativas extraordinarias propias de la dinámica institucional, debidamente motivadas y documentadas”, señaló.
Otro de los señalamientos estuvo vinculado al reglamento interno aprobado en 2016 que otorgaba al ministro la facultad de autorizar entregas de tickets hasta un 15 % del salario a altos directivos, así como extender ese beneficio a otros servidores públicos. Ese esquema fue cuestionado por sobrepasar el límite del 10 % establecido en la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado.
Sobre este punto, el Mirex explicó que ese mismo marco interno fue objeto de revisión y ajustes en diciembre de 2022, cuando se adecuó para alinearlo con la normativa vigente y reforzar los mecanismos de control.
La Dirección de Recursos Humanos indicó que, tras esa modificación, las asignaciones para altos cargos quedaron limitadas al tope máximo del 10 % del salario dispuesto por la ley, mientras que para el personal ubicado por debajo del grupo ocupacional V se estableció un beneficio de hasta un 8 % de su salario en combustible o tarjeta de transporte, sujeto a disponibilidad presupuestaria.
La institución añadió que también fueron corregidas disposiciones internas que no estaban plenamente alineadas con el marco legal aplicable, con el propósito de garantizar coherencia normativa, equidad y mayor transparencia en la aplicación del beneficio.
No responden
El Ministerio de la Juventud y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) no han respondido las solicitudes de información enviadas por Diario Libre para conocer su versión sobre las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República (CGR).
En el Ministerio de la Juventud, la auditoría detectó anomalías en la distribución de tickets de combustible por 19.6 millones de pesos, cuyos destinatarios no pudieron ser identificados entre septiembre de 2020 y agosto de 2021. La Contraloría señaló que las entregas carecían de documentación suficiente que justificara su uso y evidenciaban debilidades en los controles internos para la asignación del beneficio.
La Caasd, por su parte, fue observada por la adquisición de combustible por 52.4 millones de pesos entre octubre de 2020 y julio de 2021 mediante compras fraccionadas que, según el órgano fiscalizador, evitaron procesos ordinarios de contratación pública. La identidad de los beneficiarios finales de esas asignaciones tampoco pudo ser determinada en los registros revisados por los auditores.
Entre las instituciones que sí respondieron figura el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Su director explicó que cuando asumió la gestión en 2022 el presupuesto destinado a combustible apenas alcanzaba para abastecer una flotilla de 45 vehículos, sin que quedara claro el destino de los tickets utilizados entonces. Indicó que actualmente ese mismo monto permite suplir combustible a 340 vehículos y, aun así, generar un sobrante cercano a 2.5 millones de pesos.
De su lado, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó que dio seguimiento a las observaciones mediante ajustes administrativos y fortalecimiento de sus mecanismos internos de supervisión.
En el reportaje, la Contraloría atribuye el origen de estas irregularidades a debilidades persistentes en los controles internos, ausencia o deficiente aplicación de reglamentaciones y falta de supervisión efectiva en varias instituciones públicas, condiciones que permitieron durante años asignaciones de combustible sin criterios homogéneos ni trazabilidad suficiente sobre el destino de los fondos públicos.