Las leyes que el Gobierno impulsa para reforzar los controles contra la corrupción
Las propuestas abarcan el acceso a la información pública, la protección de datos personales y nuevas normas sobre conflictos de intereses y denunciantes
El Gobierno dominicano impulsa una serie de reformas legales para fortalecer los mecanismos de control y prevención de la corrupción en las instituciones públicas, entre ellas modificaciones a las leyes que regulan el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Las iniciativas también incluyen nuevas legislaciones sobre conflictos de intereses, protección de denunciantes y un sistema nacional de integridad y transparencia, además de una propuesta para otorgar rango legal a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.
Durante LA Agenda Semanal de este lunes, el presidente Luis Abinader y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, explicaron que algunas de estas iniciativas ya se encuentran en el Congreso Nacional, mientras otras continúan en preparación o evaluación.
Reformas al Seguro Nacional de Salud
Una de las reformas planteadas por Abinader corresponde a la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y establece, en su artículo 159, el marco de funcionamiento del Seguro Nacional de Salud.
El mandatario consideró necesario incorporar a esa legislación los nuevos mecanismos de auditoría, supervisión y autorización de contratos introducidos después de detectarse irregularidades en la aseguradora estatal.
"Yo pienso que hay que cambiar la ley de Senasa e incorporar esos controles", afirmó.
Aunque la Ley 87-01 ya contempla un Consejo Nacional para Senasa, el Gobierno ha reconocido que las disposiciones legales y reglamentarias no desarrollaban suficientemente sus mecanismos de control y rendición de cuentas.
En diciembre, el Poder Ejecutivo dispuso fortalecer el funcionamiento de ese consejo y establecer una comisión técnica de supervisión, como parte de las medidas provisionales mientras se trabaja en una modificación integral de la legislación.
Durante el encuentro de este lunes, el presidente también reveló que se evalúa fortalecer los controles en otras dos instituciones públicas, cuyos nombres no quiso divulgar para evitar que se interprete que existen irregularidades en ellas.
Modificaciones a la Ley de Libre Acceso a la Información
Otra legislación que el Gobierno busca modificar es la Ley 200-04, que regula el derecho de los ciudadanos a solicitar información a las instituciones del Estado.
Ortiz Bosch explicó que esta normativa, promulgada en 2004, necesita actualizarse para responder a los cambios tecnológicos experimentados durante las últimas dos décadas.
"Hay que adaptarla a la época de la tecnología informática, sobre todo a la de la inteligencia artificial", expresó.
La reforma busca modernizar el marco jurídico del acceso a la información, aunque durante LA Agenda Semanal no se precisaron las modificaciones específicas que se introducirían en los procedimientos de solicitud, entrega o tratamiento de datos públicos.
Actualización de la Ley de Protección de Datos Personales
El Gobierno también trabaja en la actualización de la Ley 172-13, que regula la protección de los datos personales contenidos en archivos, registros y bancos de información públicos y privados.
Ortiz Bosch incluyó esta reforma entre las iniciativas destinadas a fortalecer las garantías de los ciudadanos en el manejo de su información.
La legislación vigente data de 2013 y existen propuestas para modificarla en el Congreso Nacional.
Su revisión forma parte del esfuerzo por modernizar las normas relacionadas con la gestión de información y la protección de los derechos ciudadanos frente a las nuevas tecnologías.
Nuevas leyes contra conflictos de intereses
Además de modificar legislaciones existentes, el Gobierno impulsa una ley específica sobre conflictos de intereses en la función pública.
La propuesta busca establecer reglas sobre situaciones en las que los intereses privados de los servidores públicos puedan interferir con sus responsabilidades institucionales.
Entre los aspectos que se han discutido durante la elaboración del proyecto figuran la recepción de regalos, las relaciones entre funcionarios y empresas privadas, las denominadas puertas giratorias y las sanciones por incumplimiento.
La iniciativa se encuentra bajo estudio en el Senado, donde la Comisión de Justicia ha realizado encuentros con representantes de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Protección para denunciantes y testigos
Otra iniciativa es el proyecto de ley de protección al denunciante, al informante, al testigo y a la víctima.
La normativa pretende establecer garantías para quienes denuncien irregularidades o colaboren en investigaciones sobre posibles actos de corrupción dentro de la administración pública.
Entre los asuntos abordados durante su preparación se encuentran la confidencialidad de las denuncias, la protección de la identidad de los informantes y las medidas contra posibles represalias.
Ortiz Bosch destacó durante el encuentro la importancia de contar con estas garantías como parte del fortalecimiento de la participación ciudadana en la fiscalización del Estado.
Creación de una nueva entidad de integridad pública
El paquete legislativo incluye también el proyecto de ley que crearía la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (Digiteg), en sustitución de la actual Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
La propuesta fue depositada en el Senado y contempla la creación de un Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública.
El proyecto plantea otorgar a la nueva entidad mayores atribuciones de investigación y sanción administrativa, incluida la posibilidad de inhabilitar temporalmente a funcionarios por infracciones graves.
También procura coordinar las políticas públicas relacionadas con la transparencia, el acceso a la información, la prevención de conflictos de intereses y los mecanismos de denuncia.
Formalización de la Unidad Antifraude
Abinader informó asimismo que el Gobierno tiene un proyecto de ley en el Congreso Nacional para formalizar la Unidad Antifraude como una subdirección de la Contraloría General de la República.
Esta dependencia fue creada en 2021 para realizar investigaciones administrativas especiales ante denuncias o indicios de manejo irregular de recursos públicos.
La iniciativa busca otorgar respaldo legislativo a una estructura que actualmente funciona mediante disposiciones administrativas.
- El mandatario explicó que el fortalecimiento de los controles institucionales forma parte de las medidas que su administración pretende consolidar antes de concluir su mandato.
Sin embargo, las autoridades no ofrecieron un calendario conjunto de aprobación para todas las iniciativas mencionadas.
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