El Gobierno busca suspender una regla fiscal que, según la oposición, incumple desde julio

El ministro de Hacienda y Economía atribuye la medida a la crisis internacional y al costo de los subsidios

La Fuerza del Pueblo denuncia un exceso de gasto de al menos RD$65,500 millones sobre el límite legal

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. (Diario Libre/Estarlin Rosa)

El Gobierno dominicano procura dejar temporalmente sin efecto uno de los principales mecanismos que estableció para contener el gasto público, después de que, según cálculos de la oposición, sobrepasara desde julio los límites de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal. Ahora solicita al Congreso suspender la regla hasta diciembre, mientras eleva en casi un 30 % el déficit previsto para 2026.

La iniciativa plantea una controversia que trasciende el aumento presupuestario: el Poder Ejecutivo busca apartarse de una restricción legal que promovió hace apenas dos años, cuando ya se habrían producido las desviaciones que pretende autorizar.

Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, defendió ayer la suspensión ante diputados que estudian la segunda modificación presupuestaria anual. “La regla tiene que ser flexible”, afirmó, invocando la crisis internacional. Consideró irrazonable contraer el gasto cuando el Estado necesita amortiguar los efectos de la crisis sobre la población.

La norma limita el crecimiento del gasto primario a la inflación promedio proyectada más tres puntos porcentuales, equivalente al 3 % real anual. “Luego hay que retornar al cumplimiento de la regla gradualmente en tres años”, explicó. Anunció que Hacienda enviará un plan para retornar al cumplimiento.

Oposición denuncia un incumplimiento previo

Haivanjoe Ng Cortiñas, secretario económico de la Fuerza del Pueblo, calcula un crecimiento del gasto primario del 13.3 %, frente al máximo nominal del 7 al 8 %, y una desviación de 65,500 millones a 78,000 millones de pesos. Afirma que el límite fue excedido en la reformulación de julio.

El vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, José David Báez, cuestionó que se pidan más gastos, financiamiento y déficit mientras se suspende su contención. Los cálculos opositores corresponden al gasto autorizado. Determinar cuánto se ejecutó requiere contrastarlo con la ejecución y la metodología oficial.

Condiciones de la ley

La Ley 35-24, promulgada en agosto de 2024, establece que el gasto primario no puede crecer por encima de la inflación promedio proyectada más tres puntos porcentuales. 

Su artículo 8 permite suspender temporalmente esa restricción mediante decreto del Poder Ejecutivo, pero únicamente bajo dos supuestos.

El primero comprende desastres naturales, epidemias, guerras u otros acontecimientos similares que perturben gravemente al país, vinculados al procedimiento constitucional de declaratoria de estado de excepción y con gastos superiores al 0.3 % del PIB.

El segundo contempla una recesión económica, definida por un crecimiento real negativo o una proyección inferior al 1 %.

El propio Gobierno proyecta una expansión económica del 4.5 % para 2026, superior al umbral previsto en la segunda causal.

Díaz no precisó la causal invocada. El artículo 12 del proyecto suspende la regla hasta el 31 de diciembre. Una excepción legislativa no demostraría el cumplimiento previo de la cláusula original.

Subsidios e ingresos

Según el Ejecutivo, los subsidios superan 44,000 millones de pesos para combustibles y 96,000 millones para electricidad. Añade 3,400 millones al transporte y más de 2,150 millones para fertilizantes. Superan conjuntamente 145,550 millones de pesos acumulados, no exclusivamente adicionales. El Gobierno atribuye las presiones presupuestarias al encarecimiento de los combustibles. Por tanto, todo el aumento del déficit no puede atribuirse a los subsidios.

La modificación agrega 54,100 millones de pesos en gastos, incluidos 44,000 millones para Obligaciones del Tesoro. Reduce 31,293 millones los ingresos previstos en julio, aproximadamente el 37 % del aumento del déficit. Ng Cortiñas calcula 95,000 millones de pesos adicionales de gasto entre ambas reformas, alrededor del 85 % corriente.

Déficit 365,968 millones de pesos 

El proyecto eleva el déficit del 3.24 al 4.2 % del PIB, equivalente a 365,968 millones de pesos, unos 85,393 millones más que la previsión anterior. 

El Ejecutivo sostiene que más del 60 % del financiamiento adicional procederá de disponibilidades acumuladas de ejercicios anteriores, lo que reduciría la necesidad de nuevo endeudamiento para cubrir esa diferencia.

La comisión especial de la Cámara de Diputados recomendó aprobar la modificación, mientras la oposición presentó un informe disidente.

El Congreso deberá decidir sobre la suspensión de una regla que entró en vigor para disciplinar las cuentas públicas y determinar el alcance de una excepción solicitada cuando el ejercicio fiscal está próximo a concluir.

La cuestión pendiente es si el Gobierno busca autorización para ampliar el gasto restante o también cobertura jurídica para desviaciones presupuestarias producidas antes de solicitar la suspensión. 

Presiones sobre el presupuesto

La presión que ejercen los compromisos permanentes del Estado sobre las finanzas públicas queda reflejada en un estudio presentado antier por el economista Andrés Dauhajre, hijo, quien estima en 553,446 millones de pesos los recursos destinados este año a subsidios, transferencias y otras obligaciones, equivalentes a aproximadamente el 31 % del gasto presupuestario aprobado en la primera reformulación de 2026.

La cifra responde a una clasificación amplia que incluye, además de los subsidios sociales tradicionales, las transferencias al sector eléctrico, los combustibles, las pensiones y otros compromisos del Gobierno.

Entre las partidas más significativas figuran 148,000 millones de pesos que Dauhajre atribuye al exceso de empleados públicos, calculado mediante una comparación con Guatemala; 121,000 millones destinados al sector eléctrico y 102,000 millones de pesos para pensiones y jubilaciones.

Los empleos considerados excedentarios constituyen una estimación del economista, no una partida presupuestaria identificada oficialmente como subsidio, mientras que las pensiones representan obligaciones del Estado.

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