Nueva York demanda a MoneyGram por "prácticas abusivas" en envío de remesas

El Gobierno de EEUU y la Fiscalía de Nueva York demandaron este jueves a la financiera MoneyGram, una de las líderes en el envío de remesas, por "prácticas abusivas" hacia sus clientes, generalmente inmigrantes que envían dinero a sus familiares en otros países. 

MoneyGram, que ha tenido numerosos problemas con la justicia en los últimos años, está acusada ahora de violar "sistemáticamente" las leyes de protección al consumidor y "dejar tiradas a las familias" al no entregar a tiempo sus remesas en el extranjero, dejándolas "esperando el dinero". 

Según la demanda, interpuesta en un tribunal de Nueva York, la entidad no informaba adecuadamente a sus clientes sobre cuándo estarían disponibles sus remesas, equivocándose repetidamente y ocasionando retrasos, y tampoco cumplía las políticas para ayudarles y subsanar errores. 

Asimismo, se acusa a MoneyGram de mantener las transferencias en un "limbo" una vez hacía las revisiones antifraude, con lo que sus clientes se quedaban con las manos vacías durante "días o semanas" hasta que se completaban las remesas o los reembolsos solicitados por el emisor. 

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, en 2020 más de 600.000 personas enviaron o recibieron dinero a través de esta empresa solo en Nueva York, muchos de ellos inmigrantes y refugiados que ayudan a sus familias en su país de origen y tienen bajos recursos o limitaciones financieras. 

"MoneyGram se ha pasado años fallando a sus clientes e incumpliendo la ley, ignorando las quejas y las advertencias gubernamentales", dijo el director de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, Rohit Chopra, en un comunicado. 

La fiscal neoyorquina, Letitia James, criticó a MoneyGram por "decepcionar" a las comunidades inmigrantes que confiaron en la entidad para enviar fuera el "dinero que tanto les cuesta ganar" y se comprometió a "corregir sus prácticas ilegales y evitar que haga más daño". 

En los últimos trece años, MoneyGram ha pagado más de 264 millones de dólares en multas y sanciones por violar las leyes antifraude y de protección al consumidor a nivel federal y estatal en Estados Unidos.