Gobernadora de PR firma enmienda al Código Penal que reconoce fetos como seres humanos

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó el jueves una enmienda al Código Penal que reconoce al feto como ser humano, una medida que ha generado fuertes reacciones en la isla y que, según médicos y expertos legales, podría tener profundas consecuencias en el sistema de salud y en el ámbito jurídico.

La enmienda —contenida en el Proyecto del Senado 923— modifica el artículo del Código Penal que define el asesinato. Según el gobierno, el objetivo es armonizar las disposiciones civiles y penales al reconocer al feto como persona.

La administración sostuvo que el cambio complementa legislación existente que tipifica como asesinato en primer grado el hecho de matar intencionalmente a una mujer embarazada, provocando también la muerte del feto en cualquier etapa de gestación.

Esa ley lleva el nombre de Keishla Rodríguez, quien estaba embarazada cuando fue asesinada en 2021 por el exboxeador Félix Verdejo, condenado posteriormente a dos cadenas perpetuas.

Críticas del sector médico

Sin embargo, la aprobación de la enmienda —que se produjo sin audiencias públicas— ha encendido alarmas en sectores médicos y de derechos civiles.

El doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, advirtió que la medida podría provocar una “medicina defensiva”, donde decisiones clínicas complejas pasen al ámbito del derecho penal.

Según el galeno, médicos privados podrían evitar atender embarazos de alto riesgo ante el temor de consecuencias legales, lo que obligaría a muchas mujeres a recurrir al hospital público más grande de la isla o incluso trasladarse a Estados Unidos continental para recibir atención.

“El sistema no está preparado para esto”, afirmó, señalando además que la enmienda permitiría la intervención de terceros en decisiones médicas, lo que —a su juicio— podría vulnerar la privacidad entre paciente y doctor y requerir nuevos protocolos regulatorios.

Temor a criminalización del aborto

Organizaciones defensoras de derechos reproductivos también expresaron preocupación. Rosa Seguí Cordero, portavoz de la Campaña Nacional por el Aborto Gratuito, Seguro y Accesible en Puerto Rico, sostuvo que al otorgarse personalidad jurídica al cigoto se abre la puerta a escenarios legales complejos.

Entre ellos, cuestionó si un óvulo fecundado tendría derecho a seguro médico o si una mujer que sufra una pérdida gestacional podría ser investigada bajo figuras penales.

• El aborto continúa siendo legal en Puerto Rico, pero críticos advierten que la nueva definición podría facilitar su eventual criminalización.

Señalamientos de ambigüedad legal

Por su parte, Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles, criticó que el proyecto no fuera sometido a una discusión amplia, especialmente tratándose de una reforma al Código Penal, que contempla las sanciones más severas del ordenamiento jurídico.

“La medida no se analizó adecuadamente y deja un espacio inaceptable para la ambigüedad en cuanto a los derechos civiles”, expresó.

Mientras algunos sectores conservadores celebraron la firma de la ley como un paso hacia una mayor protección del no nacido, sus opositores sostienen que la enmienda podría generar incertidumbre médica y jurídica en un sistema de salud ya debilitado.