NY pide a migrantes no abandonar beneficios públicos ante entrada en vigor de norma de carga pública

La ciudad de Nueva York pidió a los inmigrantes que no abandonen los beneficios públicos que reciben sin antes consultar con un abogado o un proveedor de servicios legales de confianza, ante la entrada en vigor este viernes de una nueva norma federal sobre la denominada “carga pública”.

“No renuncie a ningún beneficio público sin consultar primero a un proveedor de servicios legales de confianza”, indicó la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía de Nueva York (MOIA, por sus siglas en inglés) en sus redes sociales.

La advertencia se produce mientras entra en vigor la nueva regla federal que amplía los tipos de beneficios públicos que pueden ser considerados por las autoridades migratorias al determinar si una persona puede ser considerada una “carga pública” al solicitar la residencia permanente o determinadas visas.

La ciudad recordó que los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio, pueden acceder a servicios de asistencia legal migratoria gratuitos y confidenciales en su idioma preferido.

Las personas que tengan dudas sobre cómo la nueva regla podría afectar su caso pueden comunicarse con la línea directa de asistencia legal para inmigrantes de la MOIA, financiada por la ciudad, al 800-354-0365. También pueden llamar al 311 y decir “Asuntos Legales de Inmigración”.

• La línea funciona los lunes y miércoles de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche; martes, jueves y viernes de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y el último sábado de cada mes de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

La Alcaldía también dispone de Centros de Apoyo Legal para Inmigrantes en diferentes barrios de la ciudad. Estos espacios funcionan en centros comunitarios, centros de salud pública, escuelas y bibliotecas y ofrecen asistencia legal gratuita y confidencial en materia migratoria.

• A continuación la respuesta de la oficina a posibles preguntas que pudieran hacerse los inmigrantes: 

¿Qué es la carga pública?

De acuerdo con la oficina, la “carga pública” es una determinación que puede hacer el Gobierno federal cuando una persona solicita la residencia permanente o determinadas visas.

En esa evaluación, las autoridades pueden considerar determinados beneficios públicos recibidos por el solicitante, además de factores como su edad, salud, situación familiar, ingresos, situación económica, educación y habilidades.

Si las autoridades determinan que una persona es considerada una “carga pública”, esto puede ser utilizado como motivo para negar una solicitud de residencia permanente o una visa, dependiendo del tipo de trámite, advirtió.

¿Qué cambia con la nueva regla?

La oficina explica que la nueva normativa amplía los beneficios públicos que el Gobierno federal puede considerar durante el análisis de carga pública.

Hasta ahora, según el comunicado de la Oficina, las autoridades podían considerar determinados beneficios en efectivo, entre ellos el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), así como la institucionalización financiada por el Gobierno para cuidados a largo plazo, como la permanencia en un hogar de ancianos.

Con la nueva regla, podrán ser considerados otros beneficios públicos federales, estatales o locales cuya elegibilidad dependa de los ingresos del individuo o de la familia.

La norma también establece criterios relacionados con el momento en que una persona recibió determinados beneficios. Por ello, la MOIA recomienda que quienes actualmente reciben asistencia no tomen la decisión de abandonarla sin recibir primero asesoría legal.

La ciudad enfatizó que los servicios municipales de asistencia pueden ser utilizados independientemente del estatus migratorio, la capacidad de pago, la situación laboral o el dominio del inglés.

¿A quiénes no se aplica?

La regla de carga pública no se aplica a todas las personas ni a todos los trámites migratorios, según la oficina migratoria de Nueva York.

Entre las personas que no están sujetas a esta evaluación se encuentran quienes ya tienen una tarjeta de residencia permanente y la están renovando, así como quienes solicitan la ciudadanía estadounidense.

Tampoco se aplica a ciudadanos estadounidenses, incluidos los hijos de inmigrantes que tienen ciudadanía.

Además, existen determinadas categorías de inmigrantes y solicitudes humanitarias que están exentas, entre ellas personas que solicitan protección como refugiados o asilados, determinados beneficiarios de visas T y U, personas que se autopeticionan bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus dependientes y jóvenes con estatus especial de inmigrante juvenil.

La regla sí puede afectar a determinadas personas que solicitan la residencia permanente o visas, incluidas algunas solicitudes basadas en vínculos familiares, empleo, visas de diversidad y determinadas visas S para testigos o informantes.

Ante la complejidad de las nuevas disposiciones, la MOIA recomienda que las personas que tengan dudas sobre su situación consulten con un proveedor de servicios legales antes de modificar el uso de beneficios públicos.

La norma enfrenta demandas

La entrada en vigor de la nueva regla ocurre mientras enfrenta demandas en los tribunales federales.

Nueva York y otros gobiernos estatales y locales han acudido a los tribunales para intentar frenar la aplicación de la normativa.

En una de las acciones participan Nueva York, Chicago, San Francisco, Seattle y los condados de Santa Clara, California, y King, Washington, además de la organización Public Rights Project.

Hasta la mañana de este viernes no se había informado de una orden judicial que retrasara o bloqueara la entrada en vigor de la norma.

Mientras continúan las acciones legales, la Alcaldía de Nueva York mantiene su recomendación a los inmigrantes: no dejar de recibir beneficios públicos o servicios municipales que necesiten sin consultar primero con un proveedor de servicios legales de confianza.