Dominicano es arrestado por ICE tras cumplir nueve años de prisión en Massachusetts
ICE Boston localizó y arrestó al dominicano y cuestionó nueva ley de Massachusetts que restringe la cooperación de las autoridades locales y estatales con las federales
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a un dominicano indocumentado después de que fuera liberado tras cumplir una condena de nueve años por allanamiento de morada y agresión con un arma peligrosa que causó lesiones corporales.
Manuel Alejandro Peña, de 34 años, fue detenido la semana pasada durante operativos selectivos de la agencia, tras su liberación de la cárcel del condado de Worcester, en Massachusetts.
Los delitos por los que Peña cumplió la condena ocurrieron en 2017. Peña fue trasladado a la cárcel del condado de Worcester desde otra prisión de Massachusetts.
Peña también había sido condenado por abandonar el lugar de un incidente en el que se produjeron daños a la propiedad y enfrenta cargos pendientes por agredir a un empleado de un centro penitenciario con una sustancia corporal, según ArcaMax, que cita al Boston Herald.
Disputa por la Ley PROTECT
Un juez de inmigración ordenó el año pasado la deportación de Peña con base en su condena por un delito grave.
La oficina del ICE en Boston afirmó que la Oficina del Alguacil del condado de Worcester no notificó a la agencia sobre la liberación de Peña y atribuyó la falta de aviso a la Ley PROTECT, promulgada en agosto por la gobernadora demócrata Maura Healey.
"A pesar de tener una orden de expulsión, Peña fue liberado de la custodia estatal sin que ICE fuera notificado debido a la Ley PROTECT de Massachusetts", escribió la agencia en X.
- "@EROBoston lo localizó, lo detuvo e hizo lo que los políticos partidarios de las 'ciudades santuario' en Massachusetts se niegan a hacer: mantener a los extranjeros delincuentes peligrosos fuera de las calles y proteger a las comunidades locales", agregó la agencia.
La Ley PROTECT, promulgada el pasado 5 de agosto, establece restricciones a la colaboración de las autoridades estatales y locales con las agencias federales de inmigración, con el objetivo de fortalecer las garantías constitucionales y proteger los derechos de los residentes del estado.
Entre sus disposiciones, la legislación prohíbe que las autoridades mantengan detenida a una persona únicamente por una solicitud civil de retención del ICE una vez que tenga derecho a ser liberada. También limita el intercambio de información sobre personas bajo custodia, incluidos los avisos anticipados de liberación, aunque contempla excepciones para determinados delitos graves.
La normativa, además, restringe los arrestos migratorios civiles sin orden judicial en espacios considerados sensibles, como escuelas, hospitales y tribunales, y limita la celebración de nuevos acuerdos que permitan a las autoridades locales desempeñar funciones de control migratorio federal.
La legislación ha generado diferencias entre el Gobierno estatal y las autoridades migratorias federales. Mientras la administración de Healey sostiene que la ley busca proteger los derechos de los residentes y garantizar el acceso a servicios esenciales, el ICE considera que las restricciones a la cooperación local dificultan la detención de extranjeros con antecedentes penales.
Según medios locales, en octubre, 12 de los 14 alguaciles de Massachusetts enviaron una carta a la gobernadora en la que le pidieron atender sus preocupaciones sobre la seguridad pública, en particular las relacionadas con las restricciones a los avisos de liberación a las autoridades federales.
Al ser consultada por el Boston Herald sobre la carta de los alguaciles, Healey dijo estar «orgullosa» de la ley.
"ICE es una agencia descontrolada. Es decir, hay mucha gente trabajando para ICE que no está capacitada, que no es apta para el puesto, y están ahí fuera en nuestras comunidades y se ve el daño que están causando", dijo Healey.
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