El Gobierno argentino acusa a Macri de “contrabando” de armamento a Bolivia

El Gobierno argentino afirmó este miércoles que la denuncia que ha interpuesto contra el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) busca determinar si está involucrado en un delito de “contrabando” de municiones a Bolivia en 2019, destinadas a reprimir las protestas tras la salida de Evo Morales del poder.

“Es la primera vez, y esto nos avergüenza como argentinos, que un presidente democrático de nuestro país habría colaborado con un golpe de estado de un país hermano”, expresó el ministro de Justicia, Martín Soria, en un encuentro con prensa internacional en Buenos Aires.

El lunes pasado, el Gobierno de Alberto Fernández, que asumió en diciembre de 2019 tras vencer a Macri en las elecciones de octubre, denunció penalmente al expresidente y varios exfuncionarios por el presunto envío a Bolivia de municiones y material antidisturbios de forma paralela a la asunción de Jeanine Áñez como presidenta el 12 de noviembre de 2019, toma de poder que Argentina considera fue un golpe de Estado contra el entonces mandatario Evo Morales.

La denuncia, explicó Soria, es por el delito de “contrabando agravado”, por “falsear información o dar información engañosa a las autoridades aduaneras”.

70,000 Municiones en la mira

En concreto, la vista está puesta sobre el destino de unas 70,000 “municiones antitumulto” que según el Gobierno actual salieron del país para ser usadas para proteger la embajada argentina en La Paz, pero que finalmente no fueron utilizadas con ese fin ni autorizadas por la Policía boliviana.

“El Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri envía un grupo de élite que se llama Alacranes, que pertenecen a la Gendarmería, para reforzar la seguridad del embajador, la embajada y su familia y al personal que está dentro de la embajada”, señaló por su parte la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

La funcionaria, de cuyo ministerio depende la Gendarmería -en cuyo seno se ha iniciado también una investigación administrativa y otra disciplinaria-, especificó que esos diez efectivos llegaron acompañados por armamento y municiones que pasaron el registro correspondiente, y recalcó que “paralelamente en el mismo vuelo”, el 12 de noviembre de 2019, fueron transportadas esas 70,000 municiones sospechadas.

Pero agregó que el Escuadrón Alacrán “no disparó un solo tiro” en La Paz, ni con las municiones investigadas ni con las sí autorizadas por la Policía de Bolivia: “Además, el grupo Alacrán no está preparado para hacer uso de esas municiones, ni para contener manifestaciones”, sentenció.

Polémica carta

Los efectivos argentinos llegaron a La Paz tras asumir Áñez la Presidencia boliviana luego de que Morales dejara el poder dos días antes, denunciando ser víctima de un golpe en medio de fuertes protestas en las calles.

Fue la semana pasada cuando estalló la polémica por el supuesto envío ilegal de material, después de que el canciller boliviano, Rogelio Mayta, difundiera una carta de Gonzalo Terceros, entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, dirigida al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez.

En esa nota, Terceros -que está en prisión preventiva por el llamado caso “golpe de Estado”- agradecía a Álvarez la colaboración prestada a la FAB y le detallaba haber recibido “material bélico de agentes químicos”, que incluía, entre otros, 40,000 cartuchos AT 12/70.

“Le agradece al embajador (...) el envío de todo un material de armamento y municiones que obviamente no coincide con lo que se declaró tanto en la aduana argentina como en el ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), como el material que se solicitó en Gendarmería”, recalcó Soria.

La justicia decide

Frederic remarcó que las 30,000 municiones que habría que sumar a las 40,000 que nombra Terceros en su carta, para completar las 70,000 investigadas, “probablemente” son las que Bolivia ha detectado en un depósito policial.

“Este armamento y municiones habría tenido otro destino y ahí automáticamente queda configurado el delito de contrabando agravado junto con otros tipos penales que hacen a la denuncia penal”, añadió Soria.

Sobre una posible petición, por parte de la Justicia Boliviana -que también investiga lo sucedido-, de extradición de autoridades del anterior Gobierno argentino, el ministro destacó que, de darse el caso, serán la Justicia argentina la que deberá decidir “si procede o no la extradición de un ciudadano argentino, sea quien sea”.

En una entrevista con Efe, Macri negó el pasado fin de semana haber enviado munición “letal” a Bolivia, y denunció una “persecución” en contra de su familia y sus colaboradores por parte del actual Ejecutivo argentino. EFE