Retazos electorales

La suspensión de las elecciones municipales ha sacado a flote la indignación de los ciudadanos, al entender que se ha intentado secuestrar su derecho a decidir su destino.

Desde entonces se ha estado proclamando con espontaneidad desde las plazas públicas y al atardecer de cada día a golpes de cacerolas y de repiques de bocinas, la voluntad de resistirse a ser manipulados por el Estado.

Los ciudadanos manifiestan así su deseo de tejer entre todos una sociedad justa, limpia, transparente, en que la ley y las oportunidades sean iguales para todos y el poder se transfiera con normalidad según lo establece la Constitución, sin estar cambiándola para beneficio de algunos.

Manifiestan también su repudio a la permisividad con la inmigración irregular no cualificada; al endeudamiento sin sentido de necesidad social; al deterioro de las instituciones; al retroceso medioambiental y de los recursos naturales; a la falta de avances en la calidad educativa; a los embotellamientos en el transporte; a la precariedad del sistema de salud; en fin, a la apatía en la solución de problemas ya antiguos.

El ambiente está tan cargado de hastío que no está demás recordar que todo tiene un punto máximo de aguante.

Es importante que se haya iniciado la investigación de lo sucedido a través de organismos internacionales independientes. Y se apliquen sanciones a los culpables.

Pero eso no basta.

El gusanillo de la permanencia en el poder no cesará en su malévolo trajinar, salvo que encuentre la resistencia contundente de la sociedad.

Ante esa perspectiva, hay que poner fin a los intentos de adulterar la voluntad popular. Y asegurar que la justicia deje de estar al servicio del grupo político en el gobierno.

El pueblo dominicano ama la paz, pero no debe olvidarse que en 1961 se ajustició al tirano, en 1965 hubo una guerra civil y en 1984 una poblada. La enseñanza es que no conviene estirar tanto la soga, pues pudiere romperse.

Este país necesita mantener un clima apropiado de inversiones, estabilidad política y económica, mantener la cordura y trabajar a favor de la satisfacción de las necesidades de la nación, no de los intereses personales de políticos en el poder y sus aliados de negocios.

En esta hora se requiere de instancias de moderación e intermediación, confiables y creíbles, que ayuden a asegurar la limpieza de las próximas elecciones y la transmisión ordenada del poder.

En momentos como este la cúpula de las instituciones del sector privado pudiera jugar un papel de intermediación, aunque encuentra debilitada su credibilidad al haberse prestado, entre otras cosas, a torpedear el fortalecimiento de la institución judicial a favor de los intereses inmediatos del Poder Ejecutivo.

Eso no debería repetirse jamás porque el interés sectorial está basado en el largo plazo, no en beneficios individuales que se cosechan en la inmediatez.

En cuanto a los integrantes de la JCE, si bien son serios y honestos (por lo menos así lo creo con respecto a quienes conozco personalmente), hay que reconocer que fallaron en la gestión del proceso electoral, en enfrentar las indelicadezas del poder y en exigirle el riguroso cumplimiento de sus obligaciones legales.

Aun así, su sentido del honor es la mejor garantía para que los próximos comicios sean ejemplares, pues a sus años no pueden permitirse manchar una larga trayectoria de servicios. Este reto les permitirá reivindicar errores cometidos.

Eso si, deben hacer muchas cosas, sin dilación y con firmeza. Citamos algunas.

Limitar la propaganda y publicidad para las elecciones municipales del próximo 25 de marzo. Ya la campaña está hecha y no parece necesario más dispendio.

Escuchar los reclamos en favor de la limpieza de los comicios. Mientras más garantías se otorguen, más seguridades y compromisos mutuos y de confianza se establecerían.

Cuidar con celo esmerado que no se utilicen recursos del Estado disfrazados de asistencia social y se inicien obras improvisadas, motivadas en el interés político; no se abuse de la propaganda y publicidad; no se trastrueque el padrón, compren cédulas, rellenen actas de votación con datos erróneos o falsos.

Penalizar las fanfarronadas del partido oficial en el sentido de que conoce a quienes votan y a quienes no, y hasta por quien votan, por ser un mecanismo intimidatorio, violatorio de principios constitucionales.

Por su parte, los ciudadanos deberían estar conscientes de que las elecciones con boletas físicas no son una panacea. Y estar en alerta para denunciar cualquier anomalía.

Con civismo, la población seguirá dando lecciones sobre cómo cuidar con celo su vocación democrática, hasta que logre perfeccionarla y hacerla más funcional.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.