Exprocurador alerta de muertes extrajudiciales y sobre un subregistro de casos

El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, advirtió ayer miércoles  que las ejecuciones extrajudiciales no disminuyen la criminalidad porque “la práctica ha demostrado” que los policías que participan en esos homicidios forman parte de “equipos especializados” que terminan siendo "sicarios y secuestradores”, utilizados por el crimen organizado.

Domínguez Brito recordó los casos de Ramón Darío Cabrera (Cabrerita) y Fernando de los Santos (la Soga), expolicías a los que se les atribuyó ser populares en los barrios por matar delincuentes y fueron contratados luego por los mismos criminales.

Sostuvo que, aunque no es una práctica nueva contraria al Estado de Derecho, los casos de muertes de ciudadanos por agentes policiales  “han aumentado considerablemente” y que las cifras dadas a conocer no se corresponden con la realidad. 

El exprocurador de la República en dos ocasiones y exfiscal del Distrito Nacional  explicó a Diario Libre: “hay muchas modalidades en las ejecuciones extrajudiciales”, que incluye dejar los cadáveres en la escena y ser contrastadas por el Inacif y los fiscales, pero, en otros homicidios de esa naturaleza, las víctimas se reportan desaparecidas o sus restos aparecen en matorrales y se cuantifican como muertes indefinidas. 

Según los datos suministrados por las autoridades, el año pasado perdieron la vida 189 ciudadanos en “intervenciones policiales”.   

Para Domínguez Brito el auge de la delincuencia tiene mucho que ver con la impunidad en la investigación y en la persecución. Asimismo, entiende que los llamados “intercambios de disparos” suben en la medida en que hay una percepción de que el crimen aumenta.

“El crimen se combate con inteligencia, con pruebas, con elementos, tal como establece la ley. En esta ola de ejecuciones extrajudiciales están matando gente que nunca han cometido delitos”, dijo.

No se investigan

Domínguez Brito lamentó que en el país no se respete la vida, incluso la de los delincuentes a los que la Constitución también se la garantiza. Sostuvo que igualmente se viola con las ejecuciones extrajudiciales  el principio de igualdad porque  cuando los casos “no generan opinión pública porque son pobres, sin padrinos, aunque sean honestos”, esas muertes  quedan en el olvido.

Diario Libre se hizo eco del caso del joven Ramsel Junior García, quien falleció en diciembre a manos del miembro de una patrulla y a un mes de su deceso no hay sometimiento y tampoco se ha identificado al homicida.

El artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, No. 133-11, establece que este debe “ejercer la dirección funcional de las investigaciones de los hechos punibles de acción pública que realice la policía o cualquier otra agencia ejecutiva de investigación o seguridad y supervisar la legalidad de sus actuaciones”.

Hace unos años, la actual procuradora, Yeni Berenice Reynoso, aseguró no estar a favor de la pena de muerte porque “es contraria a lo que es un Estado de Derecho”. Afirmó, además, que ha “trabajado fuertemente para combatir, las ejecuciones extrajudiciales”.