Aplazan por segunda vez coerción contra mujer acusada de asfixiar a su hija en San Cristóbal

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal aplazó este martes, por segunda ocasión, el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra Yoleydi Linarez Araujo, acusada de asfixiar a su hija de 6 años, en un hecho ocurrido el pasado 11 de marzo en la comunidad Sabana Toro.

De acuerdo con la abogada del padre de la menor, la audiencia fue reprogramada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, debido a la falta de documentos y a solicitudes realizadas por la defensa de la imputada.

La jurista explicó que los abogados de la acusada pidieron acceso a varios videos depositados por el Ministerio Público en una memoria USB, así como una entrevista realizada a Linarez Araujo. Sin embargo, indicó que dicha entrevista no forma parte del expediente de solicitud de medida de coerción, razón por la que el tribunal rechazó entregarla.

Asimismo, el tribunal decidió aplazar la audiencia para que la defensa pueda tomar conocimiento de los videos incorporados al proceso.

Mientras avanza el proceso judicial, familiares y vecinos de la comunidad salieron en defensa de la acusada, asegurando que era una madre “atenta” y “cariñosa” con la menor.

Cronología del hecho 

El día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.

En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.

Sin embargo, el Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados de la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por “asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios”, determinando una muerte violenta de etiología homicida. 

El órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.