Manifestantes piden someter a demás miembros de la patrulla actuante en muerte de Darlin Mercado

Portando pancartas y vociferando "justicia", decenas de personas acudieron  al edificio que alberga la Oficina de Atención Permanente de Las Palmas de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste, donde se conoció la solicitud de medida de coerción contra el cabo que mató de un disparo al joven Darlin Mercado Reyes.

Aunque al uniformado le fueron impuestos 12 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, los manifestantes consideran que todos los miembros de la patrulla que participaron en el operativo en el que perdió la vida el joven, deben responder ante la ley por no auxiliar a la víctima luego del disparo.

Pastor: "Nos tratan como cualquiera"

Durante la manifestación, el presidente de Movimiento Pastoral por el Bienestar Comunitario, Porfirio Olivero, cuestionó que la Policía Nacional no haya cambiado, pese a las reformas que se han anunciado.

Igualmente, se quejó de que cuando acuden a un destacamento al reclamar por un joven detenido "en una redada" al salir de la universidad o del trabajo, los agentes tratan a los pastores como "a cualquiera".

Dijo que ellos viven en constante trabajo con la comunidad y ayudan, incluso, en la recuperación de muchos adictos.

Aglomeración al bajar al cabo

A la llegada del cabo José Francisco Moreta al tribunal, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los manifestantes se movilizaron rápidamente para gritarle "asesino".

La prisión preventiva fue ordenada por el juez Reyes Rodríguez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, quien además declaró el proceso como complejo, con el fin de ampliar el plazo de investigación sobre los demás miembros de la patrulla y determinar si otros agentes de la Policía Nacional estarían involucrados en el homicidio del joven.

Para sus familiares y allegados, Darlin Mercado Reyes era un joven honesto y trabajador.

Su violenta muerte ha provocado indignación en gran parte de la población, quienes exigen a las autoridades una Policía Nacional que corrija sus actuaciones y garantice el respeto a los derechos humanos.