Defensa de Jean Alain: sectores coinciden en que hay que extinguir el proceso penal en su contra

La defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez (2016-2020) afirmó este lunes que la Asociación Mundial de Juristas, con sede en Washington, D.C., y “los más importantes gremios jurídicos nacionales” han reclamado la aplicación del plazo máximo legal, de cuatro años, a su proceso penal por presunta corrupción administrativa.

En un comunicado de prensa, difundido dos días antes de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conozca la solicitud para declarar la extinción de la acción penal contra el exfuncionario, sus abogados señalaron que, entre las entidades que respaldan el reclamo, figuran los gremios Dignidad Jurídica, encabezado por Leonardo Reynoso, y la Unidad Jurídica Institucional (UJI), representada por José Juan Zapata.

Afirmaron que esas dos entidades agrupan “más de 10,000 abogados en el país, a lo cual se han sumado decenas de reconocidos juristas, legisladores y comunicadores dominicanos que han defendido públicamente el respeto al plazo máximo y a las garantías del debido proceso”.

La defensa de Rodríguez insiste en que el Código Procesal Penal establece un plazo máximo de cuatro años para este tipo de proceso “y han transcurrido casi seis años, sin que exista una sola decisión judicial que atribuya a Jean Alain Rodríguez fuga, rebeldía o tácticas dilatorias que permitan extender ese límite”.

Retrasos en el proceso

Asegura que, por el contrario, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional estableció que las dilaciones verificadas en el proceso fueron provocadas “por el Estado”.

Entre las principales causas de retraso que señala durante el proceso, figuran una investigación prolongada durante casi dos años, solicitudes de prórrogas del órgano acusador, una acusación de más de 12,000 páginas, problemas reiterados con el disco duro que contenía las presuntas pruebas, ocultamiento y entrega tardía de documentos y desacato de decisiones judiciales.

Agregó que estas deficiencias habían sido advertidas incluso desde fuera del proceso y citó al expresidente de la Suprema Corte de Justicia y actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, quien cuestionó públicamente en noviembre del 2024 la forma en que fueron estructurados estos grandes expedientes de presunta corrupción.

Contexto legal

Los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys Rivas, quienes forman la defensa del exprocurador, sostienen que recuerdan que Subero Isa señaló que la cantidad de imputados, pruebas, testigos y acusaciones de hasta 12,000 páginas impedía el avance normal de los procesos.

Mencionan, asimismo, que, conforme a estadísticas oficiales del Poder Judicial, entre 2014 y 2025 los tribunales dominicanos acogieron 22,645 solicitudes de extinción de la acción penal, frente a 2,769 rechazadas o declaradas inadmisibles.

"La extinción no constituye impunidad ni una declaración sobre culpabilidad o inocencia. Es una garantía procesal creada por el legislador para impedir que cualquier ciudadano permanezca sometido indefinidamente a una persecución penal, mucho más cuando en este caso permaneció 4 años privado de libertad”, añade el comunicado.