El cúmulo de penas es una preocupación para los abogados dominicanos
Algunos juristas advierten que la medida podría generar condenas prolongadas y afectar la reinserción social de las personas condenada
Entre las novedades del Código Penal está el cúmulo de penas, una figura jurídica que permite sumar las condenas cuando una persona es hallada culpable de varios delitos en uno o diferentes procesos.
Sin embargo, para algunos abogados, más que una medida innovadora que moderniza el ordenamiento jurídico en República Dominicana, la disposición representa un retraso para el sistema de justicia.
Además, advirtió que la norma, establecida en el artículo 48 del nuevo Código Penal, impactaría de manera negativa en el sistema penitenciario. A modo de ejemplo, planteó el caso de una persona de 30 años condenada a 60 años de prisión, al considerar que una sanción de esa duración podría equivaler en la práctica a una cadena perpetua.
“Para mí es un retroceso total para el proceso penal en este país”, precisó.
Por ello, espera que las acciones de inconstitucionalidad que cursan en el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, anulen totalmente el tema del cúmulo de penas. Algunos de estos recursos, aún permanecen pendientes de decisión.
Una medida para disuadir el delito
Una posición diferente sostiene el abogado Víctor Castro, quien considera que la inclusión del cúmulo de penas busca aumentar el temor de los infractores frente a las consecuencias de cometer varios delitos.
“El legislador lo que ha buscado con el cúmulo de pena es que los infractores le tengan temor a la justicia”, explicó Castro, quien recordó que la nueva figura no es exclusiva del sistema dominicano, ya que existen mecanismos de acumulación de condenas en otros países, entre ellos Estados Unidos.
No obstante, reconoce que la aplicación del nuevo sistema representa un proceso de aprendizaje para los operadores de justicia, quienes ahora deben de aprender y estudiar ese tipo de situación procesal y trabajar con ella.
El abogado Domingo Pérez también destacó la importancia de la pieza, porque traerá como consecuencia que la comisión de los hechos puedan tener una connotación diferente.
Al igual que su colega Lara Valenzuela, el abogado Francisco Alejandro Morillo también advirtió que el sistema podría llegar a producir, en la práctica, situaciones similares a una cadena perpetua con la implementación del cúmulo de penas.
“Eso podría convertir una condena perpetua en el territorio dominicano”, afirmó Morillo, al explicar que una persona condenada por un homicidio o asesinato y posteriormente por otro crimen podría enfrentar una permanencia prolongada en prisión.
Además, señaló que la nueva figura jurídica podría tener repercusiones psicológicas sobre las personas condenadas.
No obstante, el abogado Roberto Feliz considera que el aumento de las penas no significaría una reducción de los hechos delictivos, los cuales, a su juicio, disminuyen con sociedades más educadas.
Así también piensa la abogada Santa Isabel Guerrero González, quien entiende que el Estado debería priorizar programas de rehabilitación y reinserción social en lugar de concentrarse exclusivamente en el endurecimiento de las penas.
“En vez de rechazarlos, que le den trabajo para que ellos puedan reinsertarse en la sociedad como un ente productivo”, planteó.
La abogada considera que las personas que cumplen condenas deberían tener oportunidades para regenerarse, capacitarse y posteriormente regresar a la sociedad en condiciones que les permitan desarrollar una actividad productiva.
Nuevos retos
Guerrero González además calificó como “cuesta arriba” y “agresiva” la aplicación del cúmulo de penas, especialmente para los abogados que ejercen la defensa privada.
- Explicó que la nueva figura también puede resultar difícil de comprender para los propios imputados cuando un mismo hecho pueda generar distintas calificaciones jurídicas.
Tras ser promulgado por el presidente Luis Abinader, el nuevo Código Penal entró en vigor el pasado lunes 3 de agosto. Posteriormente, las 32 modificaciones aprobadas por el Congreso Nacional mediante la Ley 44-26 entraron a formar parte del ordenamiento jurídico, luego de ser publicadas el miércoles 5 de agosto en la Gaceta Oficial con el número 11254.
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