Lo que debe hacer si tiene impedimento de salida del país sin un sustento judicial

Cuatro abogados sostienen que las alertas migratorias son ilegales y que un impedimento de salida del país solo procede mediante orden judicial. Los juristas recomiendan que, si a un ciudadano le surge este inconveniente, acuda a la Procuraduría General a depositar certificaciones que demuestren que no tiene casos pendientes en los tribunales o decisiones de los jueces que les prohíba viajar fuera del territorio.

Del ciudadano haber estado en un proceso judicial, se deben presentar las certificaciones de sentencias en la que se haya levantado el impedimento o fallos de que los casos han concluido a su favor, sostienen los penalistas José Valdez, Manuel Soto Lara, Cándido Simó y Freddy Díaz.

La Procuraduría General informó el martes, a través de una nota de prensa, que solicitó a la Dirección General de Migración (DGM) levantar “cualquier alerta e impedimento de salida” del país que no hayan sido emitida por un tribunal.

Según el órgano persecutor, en la actualización del sistema migratorio, como resultado de “más de seis meses de trabajo” con la DGM, que auditó “tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio” permitió que se haya eliminado esa traba a 56,140 personas.

Los registros de esos ciudadanos en Migración “carecían de sustento judicial y limitaba su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos”.

Para cerciorarse si la tiene impuesta

Los abogados José Valdez y Freddy Díaz explican que para el ciudadano confirmar si tiene algún impedimento de emigrar debe dirigirse a la Dirección General de Migración y solicitar  una certificación de su estado, la cual se expide únicamente a la persona afectada.

Sostiene que también se puede acudir a la Procuraduría Generar a cerciorarse, “pero ellos son muy escépticos a dar cualquier tipo de informaciones, aunque están obligados a darla por ley”.

Pérez sostiene que en la DGM hay que pagar 2 mil pesos para hacer la solicitud a fin de confirmar si se tiene o no impedimento de salir del país.

Sanción por caso Jean Alain 

En septiembre del año pasado, el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal, acogió una acción de habeas data del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, y le ordenó a Migración entregar al exfuncionario el documento que dispuso la restricción migratoria en noviembre de 2020 y junio de 2021.

El magistrado impuso una sanción económica de 30,000 pesos por cada día de retraso en la entrega de dicha documentación a Rodríguez.

Sin embargo, pese a  la penalidad, según Carlos Balcácer, abogado de Rodríguez, Migración “nunca” entregó la documentación que el juez le impuso “porque negaron que encontraran  órdenes”. Balcácer sostuvo que alegaron esa alerta fue en una administración pasada y que no encontraron “ningún oficio” de la Procuraduría General al respecto.