Uno de cada cinco dominicanos reportó violaciones de derechos entre 2023 y 2025

Entre los años 2023 y 2025, en promedio, uno de cada cinco dominicanos reportó haber sufrido una violación de sus derechos, según destaca un informe elaborado por el Defensor del Pueblo.

El Informe Nacional de Derechos Humanos 2025 fue elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, consultas regionales, diálogos comunitarios y el monitoreo de los medios de comunicación.

El documento detalla que la República Dominicana “continúa enfrentando obstáculos que limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Esto se evidencia en los niveles relativamente altos de vulneración de derechos que se registran en el país”.

Con respecto a la violación de derechos, el levantamiento señala: “La victimización reportada es más alta entre los hombres que entre las mujeres, aunque no hay diferencias estadísticamente significativas”.

En un apartado positivo, el informe destaca que la encuesta apunta a que cerca del 55 % de los encuestados consideró que los derechos humanos “hoy están igual o más garantizados que hace cinco años, lo que refleja una sensación de progreso, aunque aún con baches considerables”. 

Los derechos menos garantizados

Al citar la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, el informe indica que los consultados aseguran que la igualdad, el derecho a la justicia, la alimentación, la educación y la salud constituyen los derechos menos garantizados en la República Dominicana.

Otros derechos citados en el informe son la seguridad social, la libertad y el deporte, que registraron niveles significativos de insatisfacción, “lo que muestra que las preocupaciones de la ciudadanía se extienden hacia ámbitos complementarios del bienestar”.

El documento plantea las razones detrás del señalamiento de estos derechos por parte de los consultados. En ese sentido, cita el apartado de salud y seguridad social, explicando que en las consultas regionales los ciudadanos “expusieron que los problemas centrales son las barreras y limitaciones para acceder a la atención, tanto institucionales como tangibles”.

En el caso de la educación, la cultura y el deporte, las discusiones se centraron en la “falta de infraestructuras adecuadas, aunque también hubo menciones sobre las debilidades curriculares”.

En las mesas en las que se abordaban temas como la justicia, la integridad personal y los derechos civiles, políticos y del Estado de derecho, los consultados denunciaron la falta de confianza en los actores del sistema de justicia, sobre todo en las autoridades castrenses.

En ese sentido, el informe destaca que la Policía Nacional sigue siendo señalada como la institución que menos respeta los derechos humanos, con un 50 % de los consultados que la identifica como la entidad que más viola los derechos.

El documento añade que otros temas identificados en las consultas regionales fueron las dificultades para acceder a trabajos y salarios dignos, las barreras institucionales y físicas para el ejercicio del libre tránsito y la degradación ambiental, especialmente desde la perspectiva del manejo de los recursos hídricos.

Conocimiento de derechos

Los resultados muestran avances moderados en el conocimiento de los derechos humanos; sin embargo, persiste una proporción significativa de personas que declara no conocer ningún derecho humano, lo que limita su capacidad para exigirlos y defenderlos.

El informe identifica una relación directa entre el nivel educativo, el conocimiento de los derechos y la percepción del respeto a estos, lo que refuerza la necesidad de políticas sostenidas de educación cívica y empoderamiento ciudadano.

Concluye con el argumento de que la dignidad humana no es considerada por los dominicanos como “un valor abstracto”, sino como una condición que se logra cuando los derechos fundamentales, desde la salud y la educación hasta la protección del medio ambiente, se garantizan efectivamente.

Destaca, además, que la ciudadanía exige un Estado más competente, empático y transparente. “La población reconoce avances, pero demanda transformaciones que fortalezcan la capacidad estatal para prevenir vulneraciones, responder con oportunidad y garantizar servicios con equidad”, concluye el informe.