Posible abuso en programa de visas para informantes habría provocado cierre de oficina DEA en RD

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana anunció el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) como parte de una investigación interna relacionada con el presunto abuso de un programa de visas para informantes confidenciales, en el que estaría implicado un supervisor de esa agencia arrestado por autoridades federales.

Según reportes citados por la agencia AP, el detenido fue identificado como Melitón Cordero y es investigado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. por supuestamente utilizar de forma indebida un mecanismo que permite otorgar visas a colaboradores vinculados a investigaciones criminales.

• El caso habría motivado la medida preventiva de cerrar la sede mientras se desarrollan las pesquisas.

"Cero tolerancia"

Mediante un comunicado, la embajadora Leah Francis Campos afirmó que la decisión responde a una política de “cero tolerancia” frente a cualquier indicio de corrupción y subrayó que no permitirá “ni siquiera la percepción” de uso indebido de cargos oficiales.

Posteriormente, la misión diplomática aclaró que el cierre es administrativo y temporal, y que no afecta la cooperación antidrogas con el país.

El mensaje de Campos en X: "La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso".

De su lado, el canciller Roberto Álvarez indicó que la medida no guarda relación con el Gobierno dominicano ni con funcionarios locales, sino que se limita a un proceso interno de las autoridades estadounidenses.

El programa de visas para informantes ha sido objeto de cuestionamientos en el pasado por fallas de control que permitieron perder el rastro de beneficiarios, algunos con vínculos delictivos.