Diversos sectores advierten impacto de nueva norma migratoria para la economía nacional

La Resolución 001-2026 de la Dirección General de Migración (DGM), que exige contratos formales para renovar permisos laborales de extranjeros, ha generado reacciones en distintos sectores del país, que advierten sobre el impacto que podría tener en áreas que dependen en gran medida de la mano de obra extranjera, como la construcción, la agricultura y el turismo, entre otros.

Diversos sectores expresaron ayer que, aunque reconocen la legalidad de la medida, podría generar efectos adversos en el contexto actual.

El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y los Refugiados, William Charpantier, señaló que la disposición se ajusta a la normativa vigente, pero consideró que no necesariamente resulta justa ni conveniente.

“Nosotros respetamos la legalidad de esa resolución, pero el contexto no conviene, incluso va a afectar la economía dominicana en diferentes sectores”, manifestó. Asimismo, indicó que la resolución podría afectar derechos adquiridos de trabajadores regularizados en procesos anteriores.

Charpantier también cuestionó que se intente limitar la movilidad laboral del trabajador extranjero y vincular al empleador en procesos que corresponden al Estado. A su juicio, estas disposiciones podrían generar distorsiones en sectores económicos clave.

Productores lo ven favorable, pero abogan por flexibilización

Desde el sector agrícola, cuya mano de obra es mayoritariamente haitiana, los productores acogen la medida como positiva, pero consideran que la DGM debe ser más flexible, debido a que los planes de regularización se han detenido.

Advirtieron que la falta de mecanismos flexibles para regularizar trabajadores podría mantener la informalidad. Además, señalaron que los costos y procesos burocráticos representan una carga adicional para los empleadores.

El presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Banano (Adobanano), Gil Blas Martínez, explicó que en muchos casos no hay trabajadores regularizados con permiso, lo que obliga a contratarlos de manera constante.

Los distintos actores coincidieron en la necesidad de mayor diálogo entre autoridades y sectores productivos. Plantearon que las políticas migratorias deben adaptarse al contexto económico y garantizar equilibrio entre control y operatividad laboral.

Reacciones de diáspora venezolana y china

La resolución ha generado reacciones entre ciudadanos venezolanos en República Dominicana, quienes reconocen su intención de ordenar el sistema laboral, pero advierten posibles efectos negativos.

El periodista Javier Lunar valoró la exigencia de contratos formales como una medida que promueve la transparencia y protege derechos laborales, aunque expresó preocupación por las restricciones al trabajo informal, del que dependen muchos extranjeros.

Otros ciudadanos, como Rafael Rodríguez y Alondra Arias, coincidieron en reconocer el derecho del Estado a regular la migración, pero señalaron dificultades prácticas. Entre ellas, la obtención de documentos, la eliminación de la declaración jurada como prueba de ingresos y retrasos en los procesos administrativos. Además, expresaron preocupación por nuevas exigencias que podrían limitar oportunidades laborales y dejar a muchos extranjeros en una situación de incertidumbre.

En contraste, representantes de la comunidad empresarial china indicaron que el cumplimiento de las normas laborales ha mejorado en sus empresas. Rosa NG, miembro de la Junta Directiva de la Colonia China y presidenta de la Fundación Sol para Todos, señaló que promueven la contratación de trabajadores con estatus legal, en línea con las disposiciones oficiales.

La disposición

La resolución de la DGM establece que todas las solicitudes, tanto nuevas como en trámite, deberán contar con un contrato de trabajo registrado en el Ministerio de Trabajo, excluyendo las declaraciones juradas como sustento laboral. Además, advierte que los permisos no autorizan actividades informales como motoconcho, taxi, ventas ambulantes o delivery.

En el comunicado, la institución sostiene que la medida no introduce nuevos requisitos, sino que busca organizar, precisar y reforzar el cumplimiento de los ya contemplados en la legislación migratoria dominicana, en procura de una gestión más clara, ordenada y efectiva.