Faride Raful afirma que Alerta RD fortalecerá la respuesta del Estado ante desapariciones

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, valoró la promulgación de la Ley 25-26, que crea el sistema Alerta RD, al considerar que representa un paso decisivo para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante casos de desaparición de personas y contribuir a la protección de vidas.

Raful destacó que la nueva legislación es el resultado de varios meses de trabajo técnico e interinstitucional, proceso durante el cual encabezó la mesa de coordinación encargada de diseñar el protocolo de activación del sistema.

Según explicó, mediante una nota de prensa, los trabajos permitieron establecer mecanismos claros, eficientes y oportunos para la actuación de las instituciones involucradas, además de identificar distintos escenarios de riesgo y definir los procedimientos que regirán la activación de las alertas.

"Uno de los elementos más importantes de esta ley es que la activación de una alerta deberá realizarse de manera conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en un plazo no mayor de 24 horas luego de recibida la denuncia, la cual podrá presentarse de forma presencial o por vía telefónica", precisó Raful.

Estructura y funcionamiento del sistema Alerta RD

Indicó que el sistema contempla una evaluación coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, entidades que tendrán un papel fundamental en su implementación y funcionamiento.

La ministra resaltó que Alerta RD incorpora mecanismos especializados para distintos tipos de desapariciones y situaciones de vulnerabilidad. Entre ellos figura la Alerta Amber, destinada a la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, así como la Alerta Rosa, dirigida a casos de mujeres en condición de vulnerabilidad o riesgo.

Asimismo, explicó que el protocolo incluye el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), una unidad operativa de la Policía Nacional encargada de coordinar la activación inmediata de las divisiones especializadas del Estado que deban intervenir en cada caso.

Este esquema de respuesta articula la participación de unas 30 instituciones públicas con competencias específicas en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Raful agradeció el compromiso de los equipos técnicos e institucionales que participaron en la elaboración de los protocolos y en la formulación de la iniciativa legislativa.

Crea un consejo nacional

La Ley 25-26 también crea el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, un organismo adscrito al Ministerio de Interior y Policía y presidido por su titular, cuya función será orientar estratégicamente la implementación y el desarrollo del sistema.

El consejo tendrá carácter consultivo y estará integrado por representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Sistema 9-1-1, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Servicio Nacional de Salud (SNS), entre otras instituciones vinculadas a la protección y seguridad ciudadana.