El terremoto que Venezuela ya tenía dentro

El 24 de junio de 2026, dos sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el norte de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Hasta 6.76 millones de personas podrían verse afectadas, según la OIM de la ONU, incluyendo dos millones solo en Caracas. Con más de 1,492 muertos confirmados, es la peor catástrofe natural del país en un siglo. Pero lo que los escombros han dejado al descubierto no es solo destrucción física: es la anatomía de un Estado que abandonó a su gente mucho antes de que la tierra temblara.

Cuando el suelo se mueve, lo que cae no es solo lo que estaba en pie. Cae también lo que llevaba años sosteniéndose apenas. En Venezuela, el terremoto no encontró un país frágil por azar, sino uno sistemáticamente desmantelado: hospitales sin insumos, edificios sin mantenimiento, instituciones sin vocación de servicio. Lo que el sismo hizo fue acelerar un colapso que el Estado ya había comenzado.

Las voces bajo los cascotes

Una periodista venezolana lo vivió en carne propia: “Apenas leí la advertencia en mi celular, el suelo tembló con una fuerza que dificultaba mantenerse en pie, mientras un rugido sordo que helaba la sangre nos envolvía. Alcancé a abrazar a mi madre, aún convaleciente tras dos cirugías, y corrimos a refugiarnos bajo una viga. Al otro lado del apartamento, veía a mi padre que, a sus 85 años, resistía con valentía unas sacudidas que parecían no terminar nunca.”

Yilsmaris Blanco, vecina de La Guaira, lo resumió así: “Fue terrible. Todo se desplomó, todo. Eso es algo que no se lo deseo a nadie.” Jean Alexander Capote, frente a un edificio seriamente dañado, apenas podía hablar: “Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra y tengo a mi hija desaparecida.”

Marjosly Salazar, 40 años, buscaba entre los escombros a su bebé de cinco meses mientras hablaba con AFP. Su hija de 16 años había muerto en el terremoto. “Estoy buscando a mi pequeño Gael”, decía. “Por favor, necesitamos apoyo aquí. Necesitamos maquinaria para empezar a levantar las columnas.”

Entre el dolor, hubo también instantes que definen lo humano en su expresión más extrema. Andrea, esposa del futbolista Héctor Bello, no dudó cuando el techo de su hogar se vino abajo: usó su cuerpo como escudo para proteger a su hija de un año. La niña fue rescatada con vida. Andrea murió.

Cuando los equipos de rescate accedieron al lugar, encontraron la escena: ella había permanecido sobre la pequeña durante todo el colapso. Días después, su marido escribió en redes: “¿Cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada?”

Otro símbolo de esperanza emergió en Playa Grande: Dayana Patiño y su bebé de 18 días permanecieron 32 horas atrapados bajo los escombros. En algún momento de la noche, dejaron de escucharse sus llantos. “Creímos que ya no estaba con vida”, contó una vecina. Pero al amanecer, volvieron a oírse sus voces. Los rescatistas abrieron paso entre los cascotes y sacaron primero al recién nacido, luego a la madre. Los recibieron entre aplausos y lágrimas.

Una infraestructura que ya era ruina

El terremoto no colapsó los hospitales venezolanos. Ya estaban colapsados. El doctor Huníades Urbina, del Hospital de Niños de Caracas, lo explicó sin ambages: “La capacidad del hospital está muy reducida por la crisis que venimos enfrentando en los últimos diez años. Hoy amaneció totalmente atiborrado de pacientes. Tuvimos que bajar a los de hospitalización al pasillo principal por seguridad.”

“Estamos transitando esta tragedia en el peor momento de la historia de nuestro país”, advirtió la presidenta de Alianza por Venezuela. “Venezuela ha sido víctima de un sistema político que desmanteló la infraestructura de servicios durante años”: hospitales, escuelas, telecomunicaciones.

En La Guaira, la zona más devastada, las camillas siguen siendo puertas de madera. No hay alcohol para desinfectar heridas. Las bolsas para cadáveres son sábanas. Y los coches fúnebres, cualquier camioneta disponible.

El Estado ausente y la ayuda secuestrada

Si la tragedia natural reveló la ruina material del país, la respuesta del Estado reveló algo más grave: la voluntad de convertir el dolor ajeno en herramienta política. La alcaldesa chavista de Charallave prohibió la instalación de centros de acopio y anunció que los donativos solo podían entregarse en la sede del PSUV. En Altamira, policías retuvieron insumos humanitarios reunidos por ciudadanos, exigieron trasladarlos en vehículos oficiales e impidieron que llegaran a las zonas afectadas.

Amnistía Internacional señaló que las ONG de derechos humanos y humanitarias operan en un entorno sumamente restrictivo, resultado de una arquitectura legal represiva orientada a cerrar el espacio cívico. Esa misma arquitectura que durante años silenció críticas ahora impide que la ayuda llegue a quienes la necesitan. Analistas advierten que “cualquier percepción de mala gestión, corrupción, retrasos o politización de la distribución de la ayuda podría desencadenar disturbios entre una población cada vez más agotada”. En el primer semestre de 2026 hubo más de 1,400 protestas, más del doble que en todo 2025.

José Alberto Gallipoli caminó 32 kilómetros a pie desde Caracas, sorteando carreteras bloqueadas, para llegar al edificio donde estaban atrapados su hijo, su nuera y su nieto de cuatro años. “Llegará un momento en que se queden sin oxígeno”, dijo a NBC News mientras excavaba. Al final los rescataron. El niño salió primero y dijo: “Me siento bien.” No todos tienen esa suerte.

Juan Manuel Chirino lleva tres días en la acera frente al edificio que se tragó a su hijo, su nuera y dos nietos, de 6 y 10 años. Los sacaron abrazados. Los mandan de hospital en hospital. Le dicen que vuelva mañana, que no hay vehículo para los cuerpos. Pasa del llanto a la indignación: “A esta gente no la mató el terremoto. La mató el Gobierno.”