Guerra, costos para los ciudadanos y reformas necesarias

Un sacrificio para los políticos que dirigen un gobierno es gastar menos. Incluso, liberar recursos para los miembros de los hogares y los emprendedores, para la ciudadanía. En el escenario de guerra actual, el sacrificio recaería, como se ha anunciado desde el Gobierno, sobre los ciudadanos.

De continuar, la guerra traerá aumentos de precios de materias primas, entre ellas, las usadas para el cultivo de alimentos. Otros bienes finales aumentarían de precios porque se derivan del petróleo y porque los fletes están aumentando. El último dato disponible de incremento de fletes marítimos refleja un aumento de 14.4 % en los primeros catorce días del conflicto.

Al aumento de los precios de diferentes bienes y servicios, de producción extranjera o local, hay que añadir el incremento que estarían reflejando hidrocarburos, y el anunciado aumento en la tarifa eléctrica.

Los combustibles deben empezar a reflejar el precio del petróleo. Los precios no deben manipularse y ser fieles a la realidad internacional. Sin embargo, los precios de los combustibles están distorsionados en la República Dominicana. Existen distorsiones por el cálculo del precio de paridad de importación, por los márgenes que pagan los consumidores y por los impuestos que le carga el Gobierno en cada galón a quienes compran hidrocarburos. El gráfico que se encuentra en esta página es elocuente: cuando un ciudadano compra 1,000 pesos de gasolina, está pagando 316 pesos de impuestos -31.6 %. Cualquier ciudadano reflexionaría, con todo el sentido, por qué seguir gastando en subsidios y continuar evitando una reforma integral que pueda reducir gravámenes, entre ellos los selectivos a los combustibles.

Los dominicanos que pagan la factura eléctrica se enfrentarán a un sacrificio adicional. Mientras las EDE continúan siendo ineficientes en el cobro de la electricidad, y mantienen una estructura de gasto elevada, los usuarios que ya pagan recibirán una factura más cara. 

De nuevo, los precios deben reflejar los cambios en los mercados internacionales, pero las distorsiones de la distribución de electricidad deben ser corregidas. Las distribuidoras continúan sin el incentivo para ser eficientes, los usuarios pagarán más y a algunos se les crearía el incentivo al no pago de una tarifa mayor. El escenario es claro, las transferencias a las EDE aumentarán con respecto al monto presupuestado para 2026.

Los subsidios y transferencias, del tipo que sea, lo pagaría el contribuyente, incluso con nuevo endeudamiento.

Abordemos el tema de la deuda pública. A nivel internacional, los rendimientos de los bonos de los principales países están aumentando. El gráfico del EMBI, o el índice que mide cuánto más caro le sale a un país endeudarse en comparación con los títulos de deuda de los Estados Unidos, muestra una tendencia al alza. En lo que va de año, específicamente hasta el 20 de marzo pasado, la República Dominicana estaba entre los tres países de América Latina con el mayor aumento de esa forma de medir el incremento del costo de la deuda, o el riesgo percibido por los inversionistas. Aumentó en 23.0 %. Para comparación, el EMBI promedio para América Latina se redujo en 2.3 % y el promedio mundial aumentó en 7.5 %. 

Endeudarse debe ser la última opción. Reducir el gasto público debería ser la principal. Reasignar gastos no es ahorro, mucho menos un sacrificio para el gobierno. Reducir el gasto por medio de un presupuesto complementario, realizar una transformación tributaria que reduzca costos de vivir y hacer negocios en la República Dominicana; y llevar a cabo reformas en otros aspectos, como el laboral, la permisología, el sector eléctrico, entre otras, ayudarían a hogares y a emprendedores en la situación actual. 

Las autoridades podrían hacer reformas ahora y no cuando, de continuar el rumbo el conflicto, el mundo sufra de inflación creada por los bancos centrales -adicional a los aumentos de precios que empiezan a generarse- y, lo que es peor, un escenario de estanflación en diferentes economías.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).