Gobierno flexibiliza aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal por crisis internacional
Ministro de Hacienda sostiene que su cumplimiento estricto obligaría a reducir el gasto público en medio de presiones por los subsidios
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó este viernes que la actual crisis internacional obliga a flexibilizar la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, debido a que cumplir estrictamente con sus límites implicaría reducir el gasto público en un momento en que el Gobierno necesita destinar mayores recursos a los subsidios.
"La Ley de Responsabilidad Fiscal funciona en años normales. Este no es un año normal", expresó el funcionario durante la eucaristía que conmemora el septuagésimo noveno aniversario del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
Díaz explicó que la propia legislación contempla mecanismos de flexibilidad ante circunstancias extraordinarias, como conflictos bélicos o situaciones que obliguen al Estado a aumentar sus erogaciones.
"Ahora mismo, si tú te vas a cumplir la regla al cien por ciento, habría que bajar el gasto público y no podemos bajar el gasto público en esta coyuntura", manifestó al ser consultado sobre la efectividad de la normativa para contener el déficit fiscal.
La declaración se produce en un contexto de mayores presiones sobre las finanzas públicas por los subsidios destinados a amortiguar el encarecimiento de los combustibles y de la electricidad.
Los límites de la ley
La Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales fue promulgada en 2024, con el propósito de establecer límites al crecimiento del gasto público y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas estatales.
Su aplicación comenzó a contemplarse en la formulación del Presupuesto General del Estado de 2025.
La normativa establece que el gasto primario del Gobierno no puede aumentar anualmente por encima de la inflación prevista, más tres puntos porcentuales. También fija como objetivo reducir la deuda pública hasta un máximo equivalente al 40 % del producto interno bruto (PIB) para 2035.
Para 2026, el Gobierno presentó un presupuesto con un déficit fiscal proyectado inicialmente en un 3.2 % del PIB, que, según explicó Díaz cuando le tocó debatirlo en el Congreso Nacional, cumplía con la regla fiscal.
Sin embargo, la legislación contempla la posibilidad de suspender temporalmente sus disposiciones ante circunstancias extraordinarias, bajo determinadas condiciones.
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