Jamaica prohíbe los viajes oficiales al extranjero para ahorrar tras el huracán Melissa

El Gobierno de Jamaica impuso este viernes una prohibición inmediata de todos los viajes oficiales al extranjero de ministros y funcionarios hasta el 31 de marzo de 2027, como parte de las medidas para contener el gasto tras el devastador paso del huracán Melissa.

La decisión llega días antes del 28 de octubre, cuando se cumple un año desde que Melissa tocara tierra en la parroquia de Westmoreland, en el suroeste del país caribeño, como huracán de categoría 5, con vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora (183 millas), y causara la muerte de 45 personas y el desplazamiento de más de 30.000 familias

"El Gobierno debe predicar con el ejemplo demostrando prudencia, moderación y un compromiso inquebrantable para destinar los escasos recursos públicos a las prioridades más urgentes del país", señaló un memorando de cuatro páginas.

• Las autoridades remarcaron que el documento que se prevé que permanezca en vigor hasta el final del ejercicio financiero, el 31 de marzo, se publicó debido a la destrucción sin precedentes causada por Melissa que exige el máximo grado de disciplina fiscal y un giro hacia la recuperación nacional.

Por ello, el Gobierno de Jamaica revisará todos los viajes aprobados previamente, y ordenó a los organismos que recurran a reuniones virtuales.

Las excepciones se limitan a cinco categorías: reconstrucción y recuperación tras el huracán Melissa, asuntos de seguridad nacional, compromisos bilaterales y multilaterales fijos, promociones turísticas esenciales y emergencias.

Impacto económico

"La existencia de una categoría de excepción no constituirá una autorización automática para viajar al extranjero. Todos los viajes propuestos que se enmarquen en las excepciones permitidas deben ir acompañados de una justificación por escrito", sentenció el memorando.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, explicó en octubre del año pasado que los daños físicos a viviendas, edificios comerciales, carreteras e infraestructura de servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones, entre otros, equivalían aproximadamente a entre el 28 y el 32 % del Producto Interior Bruto (PIB) del año fiscal anterior del país.