Registran la residencia presidencial en Paraguay tras la intervención de Ueno bank
Este jueves, también en otro allanamiento, fue detenido en su residencia el superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán,
Fiscales ordenaron este jueves una operación de registro de la residencia presidencial de Paraguay, ocupada hasta el viernes pasado por el ahora exmandatario Santiago Peña, quien fue destituido tras el escándalo por la intervención de Ueno bank, informaron fuentes del Ministerio Público.
Hasta la residencia, conocida como Mburuvicha Róga (casa del líder, en idioma guaraní), llegó un equipo conformado por la Fiscalía como parte de la investigación contra el expresidente y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, ambos enviados a prisión preventiva mientras avanza el proceso.
Hasta el momento, no han trascendido mayores detalles sobre la operación.
Apresamiento de superintendente de Bancos
Este jueves, también en otro allanamiento, fue detenido en su residencia el superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, cuya entidad, dependiente del BCP, tiene como misión la fiscalización y regulación de las entidades del sistema financiero local.
- Peña fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de que se conociera el comienzo de un proceso de resolución contra Ueno, un banco que contaba con 2,94 millones de clientes, según su página web.
El exgobernante fue detenido horas después del juicio político en el Senado que lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones" y lo desalojó del poder, mientras que Carvallo renunció el mismo día en que anunció el proceso contra Ueno y se entregó poco después de hacerse efectivo el arresto del exmandatario.
Los fiscales han imputado a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, por lo que un juez ordenó su prisión preventiva.
Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de ser nombrado en 2023 titular del Banco Central, es acusado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.
Según la Fiscalía, Peña se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel.
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