La corrupción y el fraude elevan su impacto en la economía global, según la OCDE

La corrupción, el fraude y la acción de la criminalidad organizada son comportamientos delictivos en aumento que tienen un costo cada vez mayor en la economía, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que pide sistemas de integridad pública bien diseñados y, sobre todo, que no se queden en papel mojado, sino que se apliquen en la práctica.

En la segunda edición de sus Perspectivas de Anticorrupción e Integridad, publicada este martes, la OCDE señala que el principal reto es la brecha entre estrategias cada vez más extendidas y una aplicación que deja mucho que desear.

En concreto, en los 37 países miembros el nivel de solidez global de las reglas anticorrupción es del 63 % con respecto al estándar, mientras que su aplicación se queda en el 44 %.

Algo similar ocurre en los 25 países socios cubiertos por el estudio (entre los que hay nueve latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana), con un 66 % de cumplimiento normativo, pero solo un 40 % de cumplimiento práctico.

Los autores del estudio advierten sobre la magnitud del problema y citan diversas estimaciones de otras organizaciones. Así, una investigación de 2022 indica que entre el 8 % y el 25 % de la inversión pública mundial —que representa aproximadamente el 13 % del producto interno bruto (PIB)— puede perderse por mala gestión y corrupción.

Impacto económico y social de la corrupción y el fraude

En la Unión Europea, en 2025 el Parlamento Europeo calculó que el costo acumulado entre 2016 y 2021 de la corrupción en la contratación pública rondaba los 29,600 millones de euros.

La OCDE subraya que la corrupción perjudica el crecimiento económico al hacer que los mercados sean menos estables y predecibles, además de desalentar la innovación y la inversión, y añadir costos de ineficiencia.

Asimismo, distorsiona las políticas públicas, incrementa las desigualdades y erosiona la confianza en las instituciones.

Sobre el fraude, el informe señala que los ejemplos observados evidencian que el costo real en los programas públicos es superior a lo detectado, lo que debería impulsar a los gobiernos a reforzar la lucha contra estas prácticas.

El documento cita el trabajo de instancias oficiales, como la Fiscalía Europea, que en su informe anual de 2025 calculó en unos 25,000 millones de euros, en el ejercicio anterior, los daños causados por el fraude y otros delitos contra el presupuesto de la Unión Europea, lo que suponía un incremento del 22,5 % respecto al año anterior.

En Estados Unidos, la Oficina de Rendición de Cuentas estimó que el fraude en los programas del seguro de desempleo durante la pandemia de covid se situó entre 100,000 y 135,000 millones de dólares, lo que equivale a entre el 11 % y el 15 % del total de las prestaciones abonadas en ese periodo.

En el Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría estima que los organismos públicos pierden entre el 0,5 % y el 5 % de su gasto por fraude.

Crimen organizado

En cuanto al crimen organizado, la OCDE afirma que su alcance e impacto aumentan debido a la globalización y la digitalización, con profundas repercusiones económicas. Según la ONU, podría tener un costo de entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, es decir, entre 800,000 millones y dos billones de dólares al año.

Por regiones, ese costo representa el 2 % del PIB en el Reino Unido, el 3,5 % en América Latina y el Caribe, y hasta el 4 % en Australia, si se consideran los costos indirectos para la sociedad.

La OCDE señala que, más allá del impacto financiero, el fraude en el sector público erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y abre brechas que facilitan una mayor explotación, un menor cumplimiento de la legalidad y un aumento de la tolerancia social hacia estos delitos.