El gobierno británico quiere prohibir las "terapias de conversión" de las personas LGBT+

El gobierno británico anunció el jueves un proyecto de ley para prohibir las "terapias de conversión" de las personas LGBT+, subrayando que estas prácticas siguen existiendo debido a la ausencia de una legislación específica que las sancione.

Las llamadas "terapias de conversión", que consideran la homosexualidad una enfermedad, son prácticas que afirman erróneamente poder modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

El proyecto de ley, que afecta a Inglaterra y Gales, contempla penas de prisión de hasta cinco años y/o multas para quienes lleven a cabo estas prácticas.

"Las víctimas de estas prácticas de conversión relatan hechos que van desde palizas y violaciones hasta amenazas verbales, pasando por la manipulación y los exorcismos", señaló el gobierno británico en un comunicado.

"Las lagunas legales han dejado a las personas LGBT+ vulnerables a estos actos perjudiciales, por lo que debemos legislar", explicó la secretaria de Estado para la Igualdad, Olivia Bailey, en ese mismo comunicado.

Una iniciativa de este tipo fue anunciada varias veces desde 2018 sin llegar a materializarse, debido a cambios de rumbo en los anteriores gobiernos conservadores.

Compromiso del Partido Laborista

El Parido Laborista, que llegó al poder en julio de 2024, se había comprometido a sacar adelante esta medida, incluyendo a las personas transgénero.

La legislación no abarca a todo Reino Unido, ya que se trata de una materia cuya competencia corresponde a cada uno de los territorios que lo integran.

Por ello, Escocia e Irlanda del Norte deberán decidir si se suman a esta medida.

Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas LGBT+ celebraron el anuncio.

"Acogemos con satisfacción esta legislación, que llega con demasiado retraso. Se trata de un primer paso esencial para tratar las prácticas de conversión como una forma específica de daño", declaró Jasmine O'Connor, codirectora de la asociación Galop.

Por su parte, la Unión Europea (UE) indicó en mayo que carece de competencias legales para prohibir estas prácticas en todo el continente, por lo que se limitará a recomendar a sus miembros que las prohíban.