El CEP de Haití cambia de presidente a tres meses de unas elecciones bajo presión

Peterson Pierre-Louis sustituyó a Jacques Desrosiers como presidente del Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití cuando faltan poco más de tres meses para la primera vuelta de unas elecciones cuya celebración ya está condicionada por la inseguridad, los recursos disponibles y las dificultades para completar el registro de electores.

El cambio en la dirección del organismo fue acordado el martes 8 de septiembre por los propios consejeros electorales, según informó el periódico haitiano Le Nouvelliste.

Sin embargo, hasta este miércoles no se había hecho pública una explicación precisa sobre las razones que llevaron a sustituir a Desrosiers en una fase determinante de la organización de los comicios.

La información publicada señala únicamente que la modificación ocurrió después de “una serie de discusiones” entre los integrantes del CEP, quienes acordaron reorganizar su buró ejecutivo. Pierre-Louis, representante de los cultos reformados y hasta ahora secretario general, pasó a encabezar el organismo.

El movimiento no se limita a la presidencia. Jaccéus Joseph continúa como vicepresidente, mientras Nemrod Sanon pasa de tesorero a secretario general y Schnaïda Adély asume la tesorería.

La ausencia de mayores explicaciones sobre el relevo adquiere relevancia por el momento en que ocurre.

El CEP fijó para el próximo 13 de diciembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, además de una consulta sobre cambios constitucionales. Para el 21 de febrero de 2027 está prevista una eventual segunda vuelta y las elecciones territoriales.

Pero el propio organismo electoral ha reconocido que esas fechas no están garantizadas. Al publicar el calendario, advirtió expresamente que su cumplimiento dependerá de que exista un nivel de seguridad aceptable y de que estén disponibles los recursos financieros necesarios para continuar las operaciones electorales.

Un registro que todavía enfrenta obstáculos

La organización de las elecciones arrastra además dificultades operativas.

El proceso de inscripción de electores comenzó el 20 de julio únicamente en las cabeceras de nueve de los diez departamentos de Haití. El Departamento del Oeste, donde se encuentra Puerto Príncipe y una parte significativa de la población del país, quedó inicialmente fuera debido a las condiciones de seguridad.

El CEP indicó entonces que evaluaría progresivamente cuándo podría extender el registro a esa zona y a las demás comunas del país.

Eso significa que el cambio de presidente se produce mientras el árbitro electoral todavía trabaja para extender una de las operaciones fundamentales de cualquier elección: determinar y registrar quiénes podrán votar.

A ese desafío se suma un escenario de seguridad que continúa deteriorándose. Un informe reciente citado por Reuters señala que las bandas armadas haitianas han comenzado a ampliar sus operaciones desde Puerto Príncipe hacia zonas rurales mediante secuestros, robos, bloqueos de carreteras y otras acciones para extender su influencia territorial.

En agosto, además, un ataque de grupos armados en Kenscoff, en las proximidades de la capital, dejó al menos 47 muertos, según cifras de Naciones Unidas citadas por Reuters. La escalada de violencia ha incrementado las dudas sobre la posibilidad de desarrollar una campaña y una votación normal en diciembre.

Un cambio sin explicación pública suficiente

No existen, hasta ahora, elementos públicos que permitan atribuir la sustitución de Desrosiers a una sanción, una investigación o una destitución ordenada desde fuera del CEP.

Tampoco la información disponible permite concluir que el cambio alterará necesariamente el calendario electoral.

Pero el relevo abre una pregunta inevitable: por qué el organismo encargado de conducir uno de los procesos políticos más complejos de Haití decide cambiar a su principal autoridad cuando faltan apenas tres meses para la fecha prevista de las elecciones.

En un proceso electoral que ya depende de condiciones externas difíciles de garantizar, la falta de una explicación pública detallada sobre el relevo agrega incertidumbre institucional a un calendario que el propio CEP reconoce como condicionado.