La tentación de corregir la ley
Reglamentar no es reescribir la ley electoral
Está JCE, además de derrochadora, es autoritaria: decidió prohibir la publicación de encuestas fuera del período oficial de precampaña. Su mamotreto disfrazado de resolución es una vulgar mordaza: las encuestas son información, un bien público protegido constitucionalmente.
La medida viene envuelta en palabras solemnes —equidad, transparencia, orden—, vocabulario siempre respetable en boca de un árbitro electoral. Pero el problema aparece apenas se abre la ley que la propia Junta está llamada a aplicar. El artículo 216 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral es diáfano. Prohíbe encuestas únicamente durante los ocho días previos a la votación. Con una claridad poco frecuente en nuestra legislación, añade que antes de ese plazo “se podrán publicar todas las encuestas realizadas”. Todas.
Reglamentar no es reescribir. Mucho menos corregir. La potestad reglamentaria sirve para ejecutar la ley, no para mejorarla según el criterio del funcionario de turno, aunque ese criterio venga adornado de buenas intenciones institucionales.
Las encuestas electorales no son únicamente instrumentos estadísticos. También constituyen información política protegida por la Constitución. Sus resultados forman parte del debate público, alimentan el derecho ciudadano a recibir información y permiten conocer tendencias, percepciones y estados de opinión sobre actores y procesos electorales. Por esa razón, impedir su difusión equivale, en los hechos, a restringir la circulación de información política, un ámbito que en toda democracia constitucional recibe la máxima protección jurídica.
El principal flanco constitucional del reglamento de la Junta Central Electoral es precisamente la prohibición absoluta de publicar encuestas fuera del período oficial de precampaña. La JCE puede regular aspectos técnicos, exigir transparencia metodológica y supervisar procesos electorales, pero resulta mucho más discutible que pueda, mediante un reglamento administrativo, impedir anticipadamente la difusión de información política veraz.