La república del motor

En este terruño caribeño todo se reglamenta para no cumplir nada. Ahora les ha dado por “organizar” las paradas de motoconchos, como si el problema nacional fuese la geometría urbana y no el absoluto colapso de la autoridad. Se anuncian corredores, identificaciones, chalecos numerados y otras fantasías burocráticas mientras, debajo del mismo semáforo donde se presentan los planes, diez motocicletas cruzan en rojo como si la ley fuese una sugerencia poética.

La tragedia dominicana no es el motor. Es la renuncia del Estado.

Las normas existen, pero no la voluntad de aplicarlas. La regla manda casco protector homologado para conductor y pasajero. Los dos. No uno sí y otro no, como si el cráneo del acompañante fuese menos frágil. También obliga a detenerse en los semáforos, prohíbe circular por túneles y elevados, exige licencia de conducir y documentación al día. Nada de eso requiere mesas de diálogo, comisiones interinstitucionales ni campañas con eslóganes conmovedores. Requiere autoridad.

Pero aquí hemos confundido firmeza con abuso; y cumplimiento, con represión. El resultado es esta selva motorizada donde cualquiera compra un motor, aunque no sepa leer una señal de tránsito, y sale a la calle investido de inmunidad tropical. El casco cuelga del brazo, la placa es un recuerdo remoto y el carril contrario se usa con la naturalidad de quien dobla una esquina.

Después vienen las estadísticas de muertos, los hospitales abarrotados y los discursos lacrimógenos.

Lo extraordinario es que el país todavía discuta el problema como si fuese filosófico. No lo es. La solución cabe en una libreta de multas y en la decisión política de hacer cumplir la ley aunque protesten los sindicatos del desorden.

Más que una plaga de motoristas, tenemos una epidemia de autoridades melifluas, cuitadas, apocadas, timoratas y avergonzadas de ejercer autoridad.