¿Por qué tanto secreto?

El Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes establece un régimen de confidencialidad reforzada orientado a proteger la intimidad, dignidad y desarrollo integral de las personas menores de edad involucradas en procesos o situaciones bajo tutela institucional. Empero, dicha disposición no puede interpretarse como una prohibición absoluta de informar sobre hechos ocurridos en centros administrados por el Conani, especialmente cuando existen incidentes o actuaciones de evidente interés público.

Desde una perspectiva de acceso a la información y control democrático, el Ministerio Público tiene el deber de rendir cuentas sobre los pasos dados ante situaciones críticas y las investigaciones realizadas frente a posibles vulneraciones de derechos. La confidencialidad prevista por la ley protege exclusivamente aquellos datos que permitan identificar directa o indirectamente al adolescente involucrado, pero no impide comunicar hechos relevantes de manera general y responsable. 

Si el Ministerio Público solicita medidas de coerción contra tres menores es porque, al menos de manera preliminar, entiende que hubo violencia. La deducción es inevitable.

Más que alimentar el morbo o el castigo sumario, el caso obliga a una reflexión dolorosa sobre el deterioro moral que se filtra incluso en espacios concebidos para proteger la fragilidad humana.

La adolescente fallecida era haitiana. Y ese dato introduce un elemento perturbador en la ecuación. Hace poco otra niña haitiana murió exhausta durante una excursión escolar en Santiago sin que nadie pareciera advertir su agonía.

Tal vez no exista relación entre ambos hechos. Tal vez el odio no tenga nada que ver. Precisamente por eso, la sociedad necesita respuestas claras y rápidas. Transparencia y confidencialidad no son principios incompatibles, sino obligaciones complementarias en un Estado comprometido con la protección integral de la niñez y la adolescencia.