Auditorías bajo llave

El contralor Geraldo Espinosa Pérez ha encontrado una rendija legal para justificar la opacidad. La Ley 10-07, sostiene, no obliga a la Contraloría a publicar sus auditorías. Leída con lupa y aislada del resto del ordenamiento, la frase puede ser correcta. Presentada como explicación suficiente, es una pirueta.

La transparencia no consiste en cumplir únicamente aquello que una ley enumera palabra por palabra. Mucho menos cuando otra, la 200-04, reconoce el derecho ciudadano a conocer los documentos producidos por los organismos públicos. Las auditorías no pertenecen al contralor, al presidente ni a la institución examinada. Son elaboradas con recursos públicos para determinar cómo se administraron recursos igualmente públicos.

También resulta revelador que la Contraloría haya publicado auditorías en 2023 y proclamara entonces que honraba la Constitución, la Ley 200-04 y la propia Ley 10-07. Lo que ayer se presentaba como compromiso institucional aparece hoy reducido a concesión discrecional. Cambió el discurso, no el derecho de la ciudadanía.

Puede haber informes, o partes de ellos, sujetos temporalmente a reserva porque comprometan una investigación abierta, datos personales o una estrategia judicial. Pero la excepción debe motivarse caso por caso. No puede convertirse en un telón que oculte indistintamente todo cuanto resulte incómodo.

La Contraloría está llamada a vigilar el uso del dinero estatal, pero también debe aceptar el escrutinio sobre su propio trabajo. Auditar en secreto equivale a pedirle a la sociedad un acto de fe, precisamente allí donde debe prevalecer la comprobación.

El Gobierno prometió hacer de la transparencia una diferencia esencial. Retener auditorías terminadas erosiona esa promesa y alimenta sospechas que su publicación podría disipar. La pregunta, por tanto, no es si una frase de la Ley 10-07 manda subirlas a internet. Es por qué una administración que asegura no tener nada que ocultar necesita buscar argumentos para no mostrarlas.