¿Quién paga la factura?

No será el enigma de la Esfinge, pero sí un acertijo de dificultad creciente. Hablo del precio de los combustibles, su impacto en la economía y la política tradicional de subsidios generalizados que alimenta el déficit fiscal en detrimento de las finanzas públicas.

En los mercados internacionales, los combustibles suben de manera preocupante y el Gobierno se resiste a trasladar íntegramente esas alzas al consumidor.  Teme, quizá con razón,  a las consecuencias económicas y sociales. De mantenerse congelados los precios, se necesitarán subsidios cada vez más costosos para unas cuentas nacionales que tampoco disponen de recursos ilimitados.

La situación es más compleja de lo que parece porque, ¡vaya paradoja!,  ahora el precio del petróleo no determina automáticamente el de sus derivados. Con las guerras en Europa y el Golfo, han sobrevenido  dificultades de refinación e interrupciones del suministro. Así,  la demanda internacional puede mantener elevada la factura del gasoil y las gasolinas sin importar que baje el barril de crudo. Nuestra refinería cubre una parte ínfima del consumo local: somos tomadores netos de precios.

A corto plazo, el subsidio generalizado protege, pero beneficia tanto al trabajador que necesita combustible para ganarse la vida como a la clase media alta. A mayor consumo, mayor el beneficio que se recibe del Estado. Una injusticia en cada gasolinera.

Lógico es focalizar los subsidios en el transporte colectivo, las actividades productivas esenciales y los hogares vulnerables. Hacerlo requiere identificar beneficiarios, impedir filtraciones, evitar distorsiones y construir mecanismos administrativos

No hay más remedio que trasladar gradualmente las alzas al consumidor, con sus inevitables efectos sobre la inflación, el transporte y el costo de la vida. Ignorar indefinidamente la factura no es una salida. Podemos discutir quién debe pagarla, cómo distribuirla y a qué ritmo asumirla. Lo que no podemos es hacerla desaparecer  per omnia saecula saeculorum.