¿Cuál es la política actual de protección social?

Por más de dos décadas y de manera consistente durante más de 16 años, la República Dominicana sostuvo un sistema de medición estructural de la pobreza que permitió focalizar subsidios con precisión, trazabilidad y criterios verificables. Bajo el marco del Decreto 426-07, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) fue concebido como instrumento central para identificar hogares vulnerables mediante el Estudio Socioeconómico de Hogares (ESH) y el Índice de Calidad de Vida (ICV), a partir de levantamientos periódicos que renovaban la base de datos y el padrón de hogares elegibles.

Esta iniciativa no consistió únicamente en la creación de un repositorio de datos relativos a las familias pobres del país para ofertar estadísticas confiables a la sociedad. Fue una estrategia institucional para usarla como instrumento para la toma de decisión a los fines de reducir la discrecionalidad, mejorar la focalización y garantizar que los recursos públicos llegaran a quienes realmente los necesitaban. El modelo separó funciones: el SIUBEN identificaba los pobres del país; la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) ejecutaba transferencias monetarias con trazabilidad mediante un medio de pago electrónico confiable; el programa Solidaridad-Prosoli acompañaba a familias para impulsar sus capacidades y progreso; y la coordinación estratégica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) aseguraba coherencia. Este entramado institucional propiciaba el fortalecimiento de los controles cruzados y la legitimidad del gasto social.

El ICV mide la pobreza estructural. Examina la calidad de la vivienda (materiales, techo, piso y estado físico) así como el entorno del hogar, como es el acceso a agua potable, saneamiento, electricidad y condiciones de hacinamiento. Evalúa además educación, composición familiar y vulnerabilidades específicas. Conceptualmente, se aproxima al enfoque del Índice de Pobreza Multidimensional desarrollado por el Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) y adoptado por el PNUD, que supera la visión limitada del ingreso promedio por familia.

Esa fue la base técnica que permitió avanzar en la aplicación de las políticas de reducción de pobreza con mayor legitimidad y menor arbitrariedad. Sin embargo, el último levantamiento estructural integral del ESH data de 2018. Desde entonces, no se ha realizado una actualización nacional por barrido de las áreas geográficas vulnerables, con el objeto de actualizar el mapa de la pobreza nacional, conforme al mandato misional del SIUBEN. En la práctica, la medición estructural ha cedido espacio a la pobreza monetaria agregada y a cruces de registros administrativos.

La pobreza monetaria, medida por el ingreso per cápita, es una herramienta válida usada clásicamente para análisis macroeconómico. Permite observar tendencias generales y evaluar ciclos económicos. Pero no identifica hogares específicos. No construye padrón nominal, ni sustituye la verificación estructural que proporciona el ESH. Son instrumentos distintos, con propósitos distintos.

Cuando la política social se apoya principalmente en promedios agregados sin actualización estructural geográfica, se gana rapidez estadística, pero se pierde precisión operativa. Y en un país con alta informalidad laboral, volatilidad de ingresos y desigualdades territoriales persistentes, esa diferencia es sustancial. La pobreza estructural no siempre coincide con la pobreza monetaria coyuntural. Un hogar puede superar temporalmente la línea de ingreso y mantener privaciones profundas en vivienda, servicios o educación. Del mismo modo, un ingreso puntual no corrige carencias acumuladas. Por tal razón, el ESH fue concebido como eje técnico del sistema.

Surge entonces la contradicción que exige explicación. En 2019, el padrón rondaba aproximadamente 900,000 familias. Hoy se aproxima a 1.4 millones. Al mismo tiempo, las cifras oficiales indican que la pobreza monetaria es similar o menor que en 2019 y que la economía ha superado el impacto del COVID-19, con recuperación del empleo y crecimiento sostenido. Si la pobreza baja y la economía se recupera, ¿por qué el padrón es mayor?

Otra pregunta incómoda merece respuesta: ¿Se está ampliando el padrón sin actualización estructural mientras se reportan mejoras en pobreza monetaria? Sin ESH vigente, cualquier desalineación entre cifras macro y padrón nominal debe aclararse con transparencia técnica. Debe ser explicado qué metodología de selección de los beneficiarios ha sido utilizada, dado que la metodología original ha sido descontinuada.

El impacto fiscal tampoco es menor. Una ampliación aproximada de 500,000 familias adicionales, con transferencias promedio cercanas a RD$2,000 mensuales, implica alrededor de RD$1,000 millones adicionales cada mes, es decir, más de RD$12,000 millones anuales. En un contexto de déficit fiscal estructural y debate sobre sostenibilidad presupuestaria, la calidad del gasto social es una discusión obligatoria.

Focalizar bien no es un tecnicismo. Es la condición básica para no dilapidar fondos públicos. Cada peso mal asignado es un peso que no llega a quien realmente lo necesita. La precisión en la identificación protege la eficacia del impacto social, pero también protege la transparencia institucional. Cuando la focalización pierde rigor técnico, aumenta el riesgo de asignaciones discrecionales, se erosiona la confianza ciudadana y se abre espacio al clientelismo.

Durante más de 16 años, la medición estructural permitió reducir esos riesgos mediante evidencia verificable. Esa fue una de las fortalezas del modelo. Los sistemas modernos de protección social se diseñan para minimizar discrecionalidad mediante reglas claras, verificables y transparentes. El ESH y el ICV fueron creados precisamente para eso.

Actualizar el ESH–SIUBEN no es un gesto político. Es un mandato legal y condición mínima de coherencia institucional. La relación entre medición de pobreza, focalización nominal y asignación presupuestaria exige bases actualizadas y transparentes. Reducir pobreza exige recursos. Sostener esa reducción exige técnica. La eficacia en el impacto social requiere muy buena precisión al focalizar. Sin identificación estructural actualizada, esa precisión se debilita.

La política de protección social no puede operar indefinidamente con datos estructurales de hace ocho años. Sin datos vigentes esta pierde precisión. Sin precisión, pierde eficacia. Y cuando pierde eficacia, pierde legitimidad ante los ciudadanos que la financian. Porque el problema no es gastar, sino invertir en las personas que realmente lo necesitan y eso se hace con un sistema de medición que hoy en día ya no existe.

Por lo tanto, sin actualización del Estudio Socioeconómico de Hogares (ESH–SIUBEN), la coherencia entre medición, focalización y gasto público exige respuestas técnicas claras, lo cual es un deber de la clase política que dirige un país.