Cuando la autoridad aprende sus límites (Clase 30)

Hay clases en las que el aula deja de ser un salón y se convierte, por una hora, en una pequeña prueba moral de la República. Eso sentí en la clase 30 de Constitución Viva para Todos y Todas, impartida en el Politécnico José Manuel Buret Taveras. El tema de la jornada no era sencillo ni cómodo: uso de la fuerza, impunidad y derechos humanos. Pero justamente por eso era indispensable. Hay asuntos que un país no puede seguir dejando para después, porque en ellos se juega no solo la legitimidad de sus instituciones, sino también la dignidad concreta de sus ciudadanos. La agenda de la clase fue clara: lectura común de los artículos 38, 40 y 42 de la Constitución, reflexión a partir de Fruitvale Station y una dinámica grupal llamada Tribunal de los Derechos.  

Desde el comienzo se sintió que no sería una clase de pura explicación. Las imágenes lo dicen mejor que cualquier resumen: estudiantes atentos, mesas convertidas en espacios de deliberación, una docente que acompaña, un maestro que se acerca escucha, pregunta, celebra respuestas, se inclina sobre los grupos y convierte la conversación en método. En un momento se ve una mano levantada; en otro, una intervención que provoca sonrisas; en otro más, el análisis concentrado de un caso. Esa escena importa. Importa porque el tema podía haberse abordado desde la distancia, desde el miedo o desde el discurso rígido, y sin embargo fue trabajado desde la confianza. Allí no se enseñó solo un contenido; se ensayó una forma de autoridad democrática.

Eso, a mi juicio, es el primer gran acierto de la clase. Enseñar derechos humanos en la escuela no es adoctrinar; es civilizar. Es recordarles a los jóvenes que la autoridad, para ser legítima, necesita límites; que la fuerza, aun cuando el Estado deba ejercerla en determinadas circunstancias, solo puede justificarse bajo reglas claras, proporcionalidad estricta y respeto absoluto por la persona humana; y que ninguna democracia se fortalece cuando normaliza el exceso. Hay países que creen que hablar de estos temas debilita la autoridad. Ocurre exactamente lo contrario. La autoridad se debilita cuando pierde control sobre sí misma. Se fortalece cuando actúa con firmeza, pero también con ley, con criterio y con humanidad.

La Constitución dominicana ofrece un anclaje poderoso para esa conversación. El artículo 38 coloca la dignidad humana como fundamento del orden constitucional. El artículo 40 protege la libertad y la seguridad personal frente a arbitrariedades o restricciones indebidas. Y el artículo 42 garantiza la integridad personal y rechaza tratos crueles, inhumanos o degradantes. Leídos juntos, esos artículos enseñan una verdad esencial: el Estado no existe para imponerse sobre la persona, sino para garantizarle condiciones de libertad, seguridad e integridad. La autoridad no vale solo porque puede actuar; vale porque sabe hasta dónde puede hacerlo sin traicionar la Constitución que la legitima.

Por eso me pareció tan acertada la dinámica del Tribunal de los Derechos. Allí había más que una actividad participativa. Había una pedagogía del juicio. Los estudiantes no fueron colocados en el rol pasivo de quien memoriza conceptos para repetirlos después. Fueron invitados a pensar. A preguntarse qué ocurre cuando la fuerza pierde proporción. A identificar cuándo una actuación deja de ser protección y empieza a convertirse en agravio. A entender que la impunidad no es solamente la ausencia de sanción, sino también el deterioro de una cultura pública que deja de hacerse preguntas frente al poder. Y esa es una lección de enorme valor. Porque una ciudadanía madura no se forma repitiendo consignas, sino aprendiendo a deliberar con criterio sobre aquello que afecta la vida en común.

Lo más valioso fue comprobar, una vez más, que la juventud entiende más de lo que a veces suponemos. Cuando se les habla con seriedad, responden con seriedad. Perciben que la dignidad no es una palabra decorativa, sino algo que se respeta o se hiere en hechos concretos. Comprenden que la seguridad no puede defenderse a costa de la integridad humana. Y advierten, quizá todavía de manera inicial, pero ya visible, que la ley también cumple una tarea preventiva: no solo sanciona después del daño, sino que fija límites antes de que el daño ocurra. Allí comienza una verdadera educación constitucional.

Esta clase toca una fibra delicada del presente porque vivimos tiempos en los que el debate público suele moverse entre extremos improductivos. De un lado, aparece la tentación de justificarlo todo en nombre del orden. Del otro, surge la simplificación que convierte cada episodio doloroso en una condena indiscriminada del aparato institucional. Ninguno de esos caminos construye República. Lo que necesitamos es algo más difícil y más serio: instituciones con capacidad de actuar, pero sujetas a control; autoridad legítima, pero nunca arbitraria; mecanismos de supervisión, formación y corrección que impidan que el exceso se vuelva costumbre; y una ciudadanía capaz de entender que el verdadero orden democrático no nace del miedo, sino de la legitimidad.

Por eso esta clase dialoga tan bien con el momento del país. No porque convierta el aula en una tribuna de confrontación, sino porque propone una reflexión más útil y más profunda. Cada vez que la vida pública se ve atravesada por hechos de violencia, abusos, respuestas desproporcionadas o percepciones de impunidad, la pregunta importante no es solo quién falló en un caso concreto. La pregunta más importante es qué cultura institucional estamos formando y qué cultura ciudadana estamos tolerando. Si una sociedad normaliza el exceso, celebra la humillación o pierde sensibilidad frente al dolor ajeno, termina debilitando los fundamentos éticos del mismo orden que dice defender.

Al final de la jornada comprendí que la clase 30 decía algo más grande que su propio programa. Decía que una República no se protege solo con discursos sobre seguridad, sino también con educación sobre límites. Decía que la dignidad humana no es una concesión secundaria, sino el punto de partida de toda autoridad legítima. Y decía, sobre todo, que la impunidad comienza mucho antes de una sentencia: comienza cuando una sociedad deja de hacerse las preguntas correctas sobre el uso del poder.

Quizás esa sea una de las tareas más nobles de esta bitácora: mostrar que la Constitución puede entrar al aula no como un libro inmóvil, sino como una conversación viva sobre el país que queremos ser. Un país donde la autoridad no confunda firmeza con exceso. Un país donde la fuerza no se separe del derecho. Un país donde la dignidad no tenga que defenderse sola. Y un país donde nuestros jóvenes aprendan, desde temprano, que los derechos humanos no son un obstáculo para el orden democrático, sino su condición más alta, más exigente y más necesaria.