La Cámara de Cuentas: del pleno al sistema

Pocas instituciones de la República Dominicana han acumulado tantas decepciones, escándalos y frustraciones públicas en las últimas tres décadas como la Cámara de Cuentas.

Juicios políticos, conflictos internos, denuncias de acoso sexual, privilegios desproporcionados, auditorías cuestionadas y una constante erosión de credibilidad han convertido a una institución diseñada para defender el patrimonio público en una de las expresiones más visibles de la fragilidad institucional del Estado dominicano.

Y lo más preocupante es que esto no depende de quiénes la integren.

Han cambiado los miembros, han cambiado las leyes, han cambiado los discursos, pero el resultado estructural ha sido prácticamente el mismo.

En sus mejores momentos, el mayor mérito de la Cámara de Cuentas ha sido no generar escándalos.

Pero eso es una vara demasiado baja para una institución cuyo mandato es vigilar miles de millones de pesos de recursos públicos.

Su problema ya no es solo de gestión.

Es de naturaleza.

Desde la aprobación de la Ley 10-04, en 2004, la Cámara de Cuentas ha gozado de autonomía presupuestaria y ha administrado entre RD$20,000 y RD$22,000 millones de pesos en las últimas dos décadas.

Su presupuesto anual hoy ronda los RD$1,500 millones.

Sin embargo, su producción de auditorías sigue siendo extraordinariamente baja.

El costo promedio por auditoría ha oscilado entre RD$24 y RD$30 millones, reduciéndose apenas a RD$15-20 millones en años recientes.

Eso es entre tres y seis veces superior al costo promedio de órganos equivalentes en países como Costa Rica, Panamá, Ecuador o Perú.

Y el problema no es solo cuánto cuesta.

Es cuánto produce.

Entre 2004 y 2026, la Cámara de Cuentas ha publicado apenas entre 700 y 850 auditorías e investigaciones especiales.

En el mismo período, instituciones equivalentes de países de la región produjeron entre 33,000 y 62,000 informes.

Más grave aún: entre 2013 y 2022 solo ejecutó 429 de las 1,485 auditorías planificadas.

El Estado dominicano, dicho crudamente, no tiene un sistema eficaz para darse cuenta por sí mismo cuándo alguien le roba.

En la práctica, la mayoría de los grandes escándalos de corrupción han sido revelados por investigaciones periodísticas, filtraciones o denuncias políticas, no por los mecanismos institucionales ordinarios de control.

Eso tiene consecuencias profundas.

Porque cuando una sociedad deja de confiar en la capacidad del Estado para vigilarse a sí mismo, el descrédito se extiende como metástasis al resto de sus mecanismos de transparencia.

La pregunta entonces no es cómo reformar otra vez la Cámara de Cuentas.

La pregunta correcta es si el modelo mismo sigue teniendo sentido en el siglo XXI.

Y la respuesta, probablemente, es no.

El futuro de la fiscalización pública no está en un pleno.

Está en un sistema.

Hoy existen países que están transformando radicalmente sus modelos de control a través de inteligencia artificial, automatización avanzada y blockchain.

Estonia, por ejemplo, ha desarrollado sistemas de interoperabilidad estatal que permiten trazabilidad integral de transacciones públicas y detección automática de irregularidades.

Emiratos Árabes Unidos ha comenzado a integrar inteligencia artificial en compras públicas, análisis predictivo de riesgos y control de ejecución presupuestaria.

Dubai utiliza IA para detectar patrones anómalos en contrataciones y pagos antes de que se conviertan en fraude.

China ha implementado modelos de auditoría algorítmica capaces de analizar millones de transacciones en tiempo real.

La diferencia es fundamental:

la auditoría tradicional revisa el pasado.

La auditoría inteligente vigila el presente.

Y prevenir siempre será superior a descubrir tarde.

República Dominicana necesita migrar hacia un sistema nacional de fiscalización digital basado en tres pilares.

Primero, inteligencia artificial para auditoría continua de ejecución presupuestaria, contrataciones públicas y obras del Estado.

Segundo, blockchain para trazabilidad absoluta de contratos, pagos y modificaciones presupuestarias.

Y tercero, interoperabilidad obligatoria entre DGCP, DIGECOG, Contraloría, DGII y Tesorería para construir un ecosistema único de control.

Eso no significa eliminar el factor humano.

Significa elevarlo.

Menos personas haciendo revisiones manuales tardías.

Más especialistas supervisando sistemas inteligentes permanentes.

Más capacidad de prevención.

Más velocidad.

Más transparencia.

Menos discrecionalidad.

La verdadera reforma del Estado no se hará con “libritos”, discursos o nuevas comisiones.

Se hará sustituyendo burocracia improductiva por tecnología inteligente.

Cada día que pasa sin definir una agenda concreta de transformación digital del control público es un día en que otros países avanzan y nosotros seguimos administrando estructuras del siglo XX para problemas del siglo XXI.

Y el costo de ese retraso no es abstracto.

Es concreto.

Se mide en obras sobrevaluadas, contrataciones opacas, presupuestos distorsionados y recursos públicos mal utilizados.

Pero, sobre todo, se mide en confianza.

Porque la confianza pública es un activo institucional frágil.

Y cuando los mecanismos de control fallan, esa confianza se erosiona hasta convertirse en sospecha permanente.

Lo hemos visto recientemente con casos como SENASA, donde más allá de las explicaciones oficiales, la percepción pública vuelve a poner en evidencia una verdad incómoda: el Estado sigue teniendo enormes dificultades para detectar, corregir y transparentar a tiempo sus propias fallas.

La Cámara de Cuentas no necesita otro maquillaje institucional.

Necesita una redefinición de su naturaleza.

El país no necesita otro pleno atrapado en conflictos internos y auditorías tardías.

Necesita un sistema inteligente, permanente y preventivo.

Porque la confianza pública ya no aguanta otro SENASA.

Y la institucionalidad dominicana tampoco.