Al parecer, los que cumplen la ley también tendrán que hacer ruido

Lo que está ocurriendo en La Cuaba, municipio de Pedro Brand, merece una reflexión mucho más profunda de la que hasta ahora se ha producido.

Porque si un proyecto que agotó procesos, cumplió requisitos y obtuvo permisos del propio Estado termina frenado por el miedo, la presión y la incertidumbre, entonces quizás el país deba comenzar a preguntarse qué tan suficiente sigue siendo cumplir la ley.

Los promotores del proyecto de valorización de residuos sólidos, agotaron el largo trayecto institucional para lograr los permisos correspondientes, cumplieron revisiones técnicas y finalmente obtuvieron las autorizaciones del propio Estado.

Pero, aun así, hoy la obra permanece frenada, porque la bulla, el temor y la presión han terminado condicionando la capacidad del propio Estado para hacer valer decisiones que el propio Estado ya había adoptado.

El propio Estado, que luego de autorizar, parece retroceder frente al conflicto y deja prácticamente desamparados a quienes invirtieron, exponiéndolos a reclamos que en muchos casos debieron ser atendidos antes de emitir permisos,  y a grupos que parecen más especializados en meter miedo que en discutir aspectos técnicos.

El inversionista normalmente no sabe hacer bulla, presionar, sembrar miedo ni convertir un conflicto en tendencia; lo suyo suele ser cumplir requisitos, invertir recursos y asumir que será el propio Estado quien sostendrá las decisiones previamente adoptadas.

De hecho, las primeras preocupaciones surgidas en La Cuaba eran razonables y estaban vinculadas principalmente al temor por el tránsito de camiones pesados por las calles de la comunidad, una inquietud que fue atendida con nuevas inversiones; fueron compradas cinco fincas y se construyó una carretera de acceso privado desde la Circunvalación de Santo Domingo hasta el lugar de las operaciones para evitar afectar el tránsito comunitario.

Sin embargo, incluso el inicio de esos trabajos ha encontrado obstáculos, luego de que grupos de presión impidieran el avance de equipos pesados llevados al lugar para habilitar esa solución vial, dificultando precisamente una medida concebida para reducir el impacto sobre la propia comunidad.

El conflicto ha escalado al punto de que ahora incluso se amenaza con destruir esos equipos.

Por si fuera poco, luego de esto empezaron a surgir nuevas exigencias carentes de fundamentos técnicos verificables, y poco a poco el reclamo dejó de girar en torno a los estudios técnicos para empezar a moverse más entre el temor, la presión y la bulla.

Ante la aparente indiferencia de las autoridades, se ha instalado un campamento cuyo sustento ha terminado siendo la fuerza de imponerse en el terreno para impedir el acceso de los inversionistas a su propiedad, una situación difícil de explicar cuando se trata de un proyecto previamente autorizado por el propio Estado.

Aunque a la comunidad se le ha explicado el alcance del proyecto y se han mostrado experiencias como las de Higüey, Verón y Punta Cana, así como modelos comparables en México, Brasil y Colombia, sectores interesados en frenar el proyecto han mantenido a una buena parte de la comunidad atrapada entre el miedo y la desinformación, repitiendo una y otra vez, la experiencia traumática de Duquesa, aun cuando el proyecto discutido responde a características completamente distintas.

Hay un elemento que en todo esto no debería pasar desapercibido y debería servir para invitar al país una reflexión más juiciosa.

La participación de organismos multilaterales en cualquier país suele estar asociada a rigurosos estándares técnicos y altos niveles de supervisión.

Conviene recordar que el Banco Interamericano de Desarrollo participó en estudios relacionados con el cierre de Duquesa y la identificación de lugares técnicamente aptos para nuevas infraestructuras de manejo de residuos, dentro de un esfuerzo para ayudar al país a enfrentar un problema histórico.

Eso no es un detalle menor. Organismos de ese nivel no acostumbran a colocar recursos ni respaldar procesos sin múltiples filtros, validaciones y revisiones especializadas.

Por eso, cuando el debate empieza a descansar más sobre el miedo que sobre evidencia verificable, también vale preguntarse qué señales comienza a enviar el país respecto a la confianza en criterios técnicos e institucionales.

La seguridad jurídica no se erosiona únicamente cuando se cambian leyes o contratos; también empieza a debilitarse cuando las autoridades aprueban proyectos, no agotan correctamente los procesos de explicación y socialización con las comunidades y luego terminan dejando al inversionista enfrentando el problema prácticamente solo.

No podemos ignorar que República Dominicana enfrenta además un grave problema de residuos en un territorio pequeño, y seguir postergando discusiones técnicas no hará desaparecer una realidad cada vez más compleja, porque la basura no deja de existir por ser ignorada.

Si el país termina normalizando que cumplir la ley no basta para hacer valer un derecho previamente autorizado, entonces al parecer quienes cumplen también tendrán que aprender a hacer mucho más ruido.