Cuando denunciar no basta

La tragedia de Esmeralda Moronta ha vuelto a estremecer a la República Dominicana. Una mujer joven que, según ha trascendido públicamente, acudió a buscar ayuda y protección institucional frente a las amenazas y el acoso que sufría de parte de su expareja, y que horas después terminó asesinada. No es solo un caso doloroso. Es una advertencia nacional.

Porque cuando una mujer llega a una oficina pública para pedir auxilio y aun así termina perdiendo la vida, el problema deja de ser únicamente individual o familiar. El problema pasa a ser estructural.

La violencia contra las mujeres en la República Dominicana no puede seguir analizándose únicamente desde la indignación momentánea que generan los feminicidios más mediáticos. Debe verse como lo que realmente es: una crisis social, institucional y cultural que lleva años acumulándose.

Las cifras son alarmantes. La República Dominicana ha figurado entre los países con mayores tasas de feminicidio de América Latina. Datos regionales de la CEPAL reflejan que gran parte de estos crímenes son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, precisamente el entorno donde debería existir mayor protección y confianza.

Pero detrás de cada número hay una historia rota. Hijos huérfanos. Familias destruidas. Mujeres que denunciaron y no fueron escuchadas a tiempo. Otras que nunca denunciaron porque sentían miedo, dependencia económica o desconfianza en el sistema.

Y ahí radica una de las reflexiones más importantes: el país necesita comprender que la violencia contra la mujer no se combate solo con más penas. Se combate también con prevención, educación, protección efectiva y capacidad de reacción inmediata.

La Ley 24-97 representó un avance importante para su época. Sin embargo, la realidad actual es mucho más compleja que hace casi tres décadas. Hoy existen nuevas formas de violencia psicológica, económica y digital; nuevas dinámicas de control y persecución; y un contexto social profundamente marcado por la descomposición familiar, la normalización de la agresividad y la pérdida de empatía.

Por eso, desde hace tiempo hemos depositado en el Senado de la República el Proyecto de Ley Integral para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. No como un gesto simbólico ni como una reacción coyuntural, sino porque entendemos que el país necesita una legislación moderna, integral y articulada con las mejores prácticas internacionales.

Una legislación que no se limite al castigo después de la tragedia, sino que fortalezca la prevención, las medidas de protección, la coordinación interinstitucional, las casas de acogida, la atención psicológica y jurídica, el seguimiento de casos de alto riesgo y la protección de los hijos de las víctimas.

Porque muchas veces el problema no es la ausencia de denuncias. El problema es que el sistema llega tarde. Y cuando el Estado llega tarde en estos casos, las consecuencias suelen ser irreversibles.

La violencia contra las mujeres no distingue clases sociales, nivel educativo ni ubicación geográfica. Está presente en barrios humildes, urbanizaciones, campos y ciudades. Y aunque el feminicidio es la manifestación más extrema, antes de llegar ahí casi siempre hubo señales previas: amenazas, control, persecución, agresiones, miedo y silencio.

La República Dominicana no puede acostumbrarse a vivir reaccionando después de cada tragedia. No podemos permitir que cada nuevo caso genere únicamente debates temporales en redes sociales, titulares de prensa y promesas pasajeras.

Se necesita voluntad política. Coordinación institucional. Educación desde las escuelas. Mayor atención a la salud mental. Protocolos más ágiles. Y una política pública verdaderamente integral.

Porque el verdadero desarrollo de un país no se mide solamente por su crecimiento económico o por la cantidad de turistas que recibe. También se mide por la capacidad de proteger la vida y la dignidad de sus mujeres.

Y hoy, lamentablemente, esa sigue siendo una deuda pendiente de la República Dominicana.