La deuda que se aprueba, la deuda que se emite y las inversiones que nadie explica

En un reciente artículo publicado en El Caribe, el economista Andy Dauhajre hizo un recorrido histórico por la deuda pública dominicana, desde el empréstito Hartmont de 1869 hasta los niveles actuales de endeudamiento. Ese análisis ayuda a colocar la deuda en perspectiva histórica y muestra que el endeudamiento ha acompañado buena parte de la vida económica e institucional del país.

Pero una mirada histórica o macroeconómica no basta. Tan importante como saber cuánto debe la República Dominicana es conocer para qué se tomó prestado, qué sectores recibieron esos recursos y qué resultados concretos se han obtenido.

Este artículo parte de una premisa conocida como la regla de oro del endeudamiento público: endeudarse puede ser razonable cuando se financian inversiones productivas, socialmente útiles y capaces de generar beneficios futuros. Pero esa regla solo se cumple si existe trazabilidad entre deuda, presupuesto, proyecto, contrato y ejecución.

1. Una deuda pública que sigue creciendo

La deuda pública dominicana ha mantenido una trayectoria claramente ascendente. Según los datos de la Dirección General de Crédito Público, entre 2020 y 2025 el saldo total pasó de aproximadamente USD 44.600 millones a más de USD 61.500 millones. En términos simples, el país acumuló cerca de USD 17.000 millones adicionales de deuda pública en apenas cinco años.

El siguiente gráfico permite observar que el crecimiento no se explica únicamente por la deuda externa, aunque esta sigue siendo el componente dominante. También la deuda interna mantiene un peso significativo. Esta composición muestra que el endeudamiento público responde a una combinación de préstamos externos, emisiones internas, bonos soberanos y otras obligaciones financieras.

Ahora bien, el aumento de la deuda no debe analizarse solo como una cifra contable. La discusión de fondo no es cuánto debe el Estado dominicano, sino qué se ha financiado con esa deuda. Un mayor endeudamiento puede estar justificado si permite ejecutar inversiones necesarias, mejorar servicios esenciales, reducir costos logísticos, aumentar la productividad y generar bienestar social. Pero esa justificación exige evidencia.

2. La deuda total y la deuda identificable no son lo mismo

Conviene hacer una distinción metodológica esencial. La deuda pública total registrada por la Dirección General de Crédito Público no equivale a la suma de los préstamos aprobados individualmente por el Congreso Nacional. Son magnitudes distintas y no deben confundirse.

La deuda pública total incluye bonos externos, bonos internos, préstamos multilaterales, préstamos bilaterales, créditos de bancos comerciales y otras obligaciones financieras. En cambio, la información obtenida del Congreso permite identificar una parte concreta del endeudamiento: operaciones aprobadas con acreedor, monto, organismo ejecutor, fecha y una descripción general del destino del financiamiento.

Según esa información, entre 2020 y 2026 el Congreso aprobó préstamos por algo más de USD 10.100 millones. Esta cifra es relevante, pero no representa la totalidad del endeudamiento público dominicano. Una parte muy significativa de la deuda se canaliza mediante emisiones de bonos y otros instrumentos financieros que no aparecen desagregados en esta base congresual.

Precisamente por eso, estos datos deben interpretarse con cautela. No sirven para reconstruir todo el saldo de deuda pública del país, pero sí permiten observar una parte del endeudamiento con mayor trazabilidad: quién presta, qué institución ejecuta, qué monto fue aprobado y cuál es el destino general del préstamo.

3. ¿Quién financia y hacia dónde se dirige esa deuda aprobada?

Una vez delimitado que la información del Congreso representa solo una parte identificable del endeudamiento aprobado, el siguiente paso es analizar su composición. Para ello hay dos preguntas básicas: ¿quién financia esos préstamos? y ¿hacia qué sectores se dirigen?

La distribución por acreedor muestra el peso de organismos financieros internacionales como el BID, la AFD, el BIRF, la CAF, el BCIE y otros financiadores. La distribución por sector permite observar que los recursos se concentran en áreas como transporte, agua y saneamiento, energía, agricultura, protección social, salud, educación y administración pública o apoyo presupuestario.

Esta distinción es fundamental. No es lo mismo endeudarse para financiar infraestructura productiva, sistemas de transporte masivo o programas de agua potable y saneamiento, que hacerlo para apoyo presupuestario o políticas generales de desarrollo. Ambos tipos de financiamiento pueden ser necesarios, pero no tienen la misma trazabilidad ni la misma capacidad de evaluación mediante proyectos concretos.

Entre todos los sectores identificados, el transporte merece atención particular. No solo por el volumen de recursos comprometidos, sino porque concentra algunas de las inversiones públicas más costosas, visibles y estratégicas ejecutadas o anunciadas durante los últimos años.

4. El transporte como caso crítico

Dentro de los préstamos identificados a partir de la información congresual, el sector transporte aparece como uno de los destinos más relevantes. En esta categoría se agrupan operaciones asociadas a movilidad urbana, transporte terrestre, seguridad vial, infraestructura vial, ampliación de capacidad del metro, proyectos portuarios, monorrieles y otros sistemas de transporte masivo.

Este gráfico es probablemente el más importante del artículo, porque permite observar que la financiación del transporte se concentra en pocos acreedores: BID, AFD, BCIE y BNP-Citibank. Esta concentración no es un dato menor. Cuando pocos financiadores tienen un peso relevante en un sector intensivo en capital, tecnología y contratación pública, resulta indispensable examinar no solo el monto prestado, sino también las condiciones asociadas a esos recursos.

En transporte, la deuda no financia únicamente obras físicas. También puede financiar material rodante, sistemas de señalización, equipamiento electromecánico, tecnología operativa, asistencia técnica, estudios, supervisión y contratos de mantenimiento. Por tanto, el préstamo puede influir directa o indirectamente en la solución técnica finalmente adoptada.

Ese punto es especialmente sensible. Proyectos como la ampliación del Metro de Santo Domingo, el Monorriel de Santiago, el Monorriel de Santo Domingo o determinadas adquisiciones de material rodante financiadas mediante créditos externos deberían evaluarse no solo por su visibilidad política, sino por la solidez de sus estudios previos, la comparación de alternativas, la competencia en la contratación y la sostenibilidad de sus costos futuros.

Un financiamiento externo puede ofrecer condiciones financieras atractivas, pero también puede generar dependencia tecnológica si termina vinculado a determinados equipos, proveedores, estándares técnicos o países de origen. En esos casos, la evaluación del préstamo no debe limitarse a su tasa de interés, plazo o período de gracia.

5. La regla de oro del endeudamiento público

La denominada regla de oro del endeudamiento público constituye uno de los principios más aceptados en las finanzas públicas modernas. En términos simples, sostiene que la deuda pública se justifica cuando financia inversiones capaces de generar crecimiento económico, productividad y bienestar social para las generaciones futuras.

Este principio ha sido respaldado por organismos como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la OCDE, que coinciden en señalar que el endeudamiento debe estar asociado a proyectos evaluados y capaces de generar beneficios económicos y sociales superiores a sus costes.

Sin embargo, la regla de oro exige algo más que la existencia formal de una inversión. Requiere estudios de demanda, análisis costo-beneficio, presupuestos definidos, procesos competitivos de contratación y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar resultados.

Desde esta perspectiva, la cuestión central no es si la República Dominicana debe endeudarse o no para financiar infraestructuras y servicios públicos. La verdadera cuestión es si los proyectos financiados con deuda han sido seleccionados, contratados y ejecutados de forma que maximicen el valor generado para la sociedad.

6. La trazabilidad pendiente

Para saber si la deuda aprobada cumple realmente la regla de oro del endeudamiento público, no basta con conocer el acreedor, el monto del préstamo y el sector al que se dirige. Esa información es necesaria, pero insuficiente.

El país necesita una matriz pública que relacione cada operación de deuda con el proyecto financiado, el código SNIP, el organismo ejecutor, el presupuesto aprobado, el presupuesto ejecutado, el contrato adjudicado, el procedimiento de contratación, el avance físico y los beneficios esperados y obtenidos.

Esa matriz permitiría responder preguntas básicas: ¿qué proyecto financió cada préstamo?, ¿cuánto se desembolsó realmente?, ¿qué parte se incorporó al presupuesto?, ¿qué contrato se adjudicó con esos recursos?, ¿cuánto se ejecutó y qué resultados produjo?

Sin esa información, el control parlamentario queda incompleto. El Congreso puede aprobar un préstamo, pero no necesariamente cuenta después con una visión clara sobre su destino final, su ejecución presupuestaria y su impacto real. Y sin control parlamentario completo, la ciudadanía tampoco puede saber si la deuda se convirtió en inversión útil o simplemente en nuevos compromisos financieros.

7. La deuda debe rendir cuentas

La deuda pública no es buena ni mala por sí misma. Puede ser una herramienta legítima de desarrollo cuando permite financiar inversiones necesarias, evaluadas y socialmente rentables. Un país puede endeudarse para construir infraestructuras, mejorar servicios públicos, aumentar la productividad y generar bienestar. Pero para que eso sea cierto, debe poder demostrarlo.

El problema surge cuando no se puede seguir el rastro del dinero. Cuando no es posible conectar con claridad el préstamo con el proyecto, el proyecto con el presupuesto, el presupuesto con el contrato y el contrato con los resultados obtenidos, la regla de oro del endeudamiento público queda vacía de contenido.

La República Dominicana no debe limitarse a discutir si la deuda sube o baja. Ese debate es importante, pero insuficiente. La verdadera discusión es si el Estado puede demostrar, con información pública, verificable y comprensible, que cada dólar tomado prestado está produciendo infraestructura útil, mejores servicios y beneficios reales para la población.

Por eso, la trazabilidad de la deuda no debe ser una aspiración futura, sino una obligación inmediata. Cada préstamo aprobado, cada emisión autorizada y cada financiamiento contratado deberían poder seguirse hasta el proyecto financiado, el código SNIP, el contrato adjudicado, el presupuesto ejecutado y el resultado alcanzado.

Solo así la deuda pública dejará de ser una cifra abstracta en los informes oficiales y podrá evaluarse como lo que realmente es: una decisión de política pública que compromete recursos presentes y futuros, y que por tanto debe rendir cuentas ante el Congreso y ante la ciudadanía