En el nuevo Código Penal se colocó el castigo por encima de la justicia

Todo Código Penal constituye la expresión más intensa del poder que tiene el Estado para intervenir sobre la libertad de las personas y, precisamente por esa razón, su legitimidad nunca puede medirse únicamente por la cantidad de delitos que incorpora o por la severidad de las penas que establece.

Un verdadero Código Penal encuentra su fortaleza cuando logra equilibrar la obligación de perseguir el crimen con el deber de proteger las garantías que distinguen a un Estado democrático, y es precisamente esa pérdida de equilibrio lo que hoy comienza a generar preocupación.

Las discusiones que acompañan la entrada en vigencia del nuevo Código Penal ya no se concentran únicamente en los avances que introduce una reforma esperada durante décadas.

Cada día adquieren mayor relevancia las advertencias de juristas, las preocupaciones de distintos sectores sociales y las contradicciones que comienzan a aparecer alrededor de una norma que debería transmitir tranquilidad y no incertidumbre desde el primer día de su aplicación.

Ya no se trata de un debate exclusivamente jurídico, porque cuando FINJUS sostiene que el país todavía no está preparado para la entrada en vigor del Código Penal y propone ampliar el período de vacatio legis para corregir ambigüedades, duplicidades e incoherencias, no está promoviendo que la reforma fracase, ni defendiendo la impunidad.

Lo que plantea es que una norma de semejante trascendencia debería comenzar a producir efectos únicamente después de ofrecer el mayor nivel posible de claridad y consistencia técnica. Esa advertencia merece ser escuchada.

A esa preocupación se suma un hecho que tampoco contribuye a fortalecer la confianza institucional. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados entiende que el Código puede modificarse antes de la entrada en vigencia del Código, el presidente del Senado sostiene que no debe cambiarse una sola disposición hasta observar primero sus resultados, proyectando hacia la sociedad dos criterios diferentes sobre el mismo instrumento jurídico.

Las reglas del juego no deberían seguir discutiéndose cuando ya se anuncia el inicio del partido.

Las observaciones formuladas por la Sociedad Dominicana de Diarios sobre las disposiciones relativas a la difamación y la injuria amplían todavía más la dimensión de este debate.

La preocupación ya no se limita al ámbito penal, sino que alcanza la libertad de expresión y el riesgo de que periodistas, comunicadores y ciudadanos comiencen a moderar sus denuncias u opiniones por temor a las consecuencias que determinadas interpretaciones pudieran producir. La democracia también necesita ciudadanos que hablen sin miedo.

Durante años la República Dominicana ha trabajado para proyectar una imagen de estabilidad institucional, crecimiento económico y respeto al Estado de Derecho.

Esa reputación no se sostiene únicamente con buenas cifras macroeconómicas ni con indicadores de inversión; también depende de la confianza que generan sus instituciones cuando aprueban las normas que regulan los aspectos más sensibles de la convivencia democrática por lo que la incertidumbre termina debilitando esa confianza.

Por eso el principal debate no debería concentrarse en quién propone más sanciones o quién reclama penas más severas. La verdadera discusión consiste en determinar si durante la elaboración de este Código Penal se preservó el equilibrio entre el poder de castigar y el deber de hacer justicia o si, por el contrario, terminó imponiéndose una lógica donde la respuesta punitiva adquirió mayor protagonismo que las garantías que precisamente justifican la existencia del derecho penal.

Porque cuando el castigo comienza a ocupar el lugar de la justicia, el problema deja de estar únicamente en el Código Penal.

El verdadero riesgo consiste en que el propio Estado termine enviando el mensaje de que sancionar importa más que garantizar una justicia equilibrada, previsible y compatible con los principios que sostienen una democracia.