Rehenes

Veo con buenos ojos que cada día más dominicanos tengan capacidad de influir en los asuntos públicos. La democratización de la comunicación, impulsada por las redes sociales y las plataformas digitales, ha ampliado el debate nacional y ha permitido que nuevas voces participen de conversaciones que antes estaban reservadas para unos pocos.

Eso fortalece la democracia.

Lo que me preocupa es otra cosa.

Me preocupa observar cómo, cada vez con mayor frecuencia, tomadores de decisiones del Gobierno, del Congreso, del sector privado e incluso de otros poderes públicos parecen sucumbir ante la presión inmediata de actores cuya principal fortaleza no es la representación democrática, ni la producción de conocimiento, ni la construcción institucional, sino su capacidad para generar alcance, indignación o movilización en las redes sociales.

Una República no puede gobernarse bajo esa lógica.

Una de las mayores virtudes del sistema republicano no es únicamente su carácter democrático, sino la existencia de instituciones y contrapesos que permiten ponderar las decisiones antes de convertirlas en políticas públicas. Gobernar no consiste en seguir el impulso del momento. Consiste en escuchar a la sociedad y, al mismo tiempo, proteger el interés general, incluso cuando hacerlo resulte impopular.

Existe una diferencia fundamental entre democracia y populismo.

La primera distribuye el poder mediante instituciones. El segundo pretende sustituirlas por la emoción del momento.

Ese deterioro no comenzó ahora. Durante años hemos debilitado nuestros mecanismos de representación. La desconfianza hacia los partidos, el descrédito del Congreso y la creciente banalización del debate público han ido erosionando la calidad de nuestras instituciones y, con ello, la calidad de las decisiones que producen.

El resultado es preocupante.

Cada vez más líderes parecen gobernar con un ojo puesto en la Constitución y el otro en la próxima tendencia de las redes sociales.

Como si fueran rehenes.

La República Dominicana tuvo la virtud de construir muchas de sus grandes reformas mediante amplios procesos de deliberación. Cuando surgían desacuerdos complejos, el país recurría a juristas, economistas y especialistas cuya autoridad descansaba en décadas de estudio, ejercicio profesional y servicio público. Nombres como Milton Ray Guevara, Jottin Cury, Rafael Alburquerque, Lupo Hernández Rueda, César Pina Toribio, Juan Manuel Pellerano, Carlos Despradel, Magdalena Lizardo, Guillermo Caram o Andrés Dauhajre representan esa tradición de consulta técnica que tantas veces permitió corregir errores sin poner en riesgo la estabilidad institucional.

No eran infalibles.

Pero habían construido autoridad antes de ejercer influencia.

Hoy, con demasiada frecuencia, el criterio parece invertirse. La mesa donde se discuten los grandes temas nacionales comienza a desplazarse hacia quienes poseen mayor capacidad para hacer ruido que para producir soluciones; mayor facilidad para acusar que para construir; mayor éxito personal que obra institucional.

No cuestiono su derecho a participar.

Cuestiono que el Estado renuncie a su obligación de decidir.

La historia ofrece advertencias elocuentes. Durante la Revolución Francesa, los sans-culottes expresaron un legítimo descontento frente a un sistema agotado. Pero cuando la presión permanente de la calle comenzó a sustituir la deliberación institucional, la política dejó de organizarse alrededor de las leyes y empezó a hacerlo alrededor de la exaltación del momento.

Toda democracia necesita escuchar el descontento.

Ninguna democracia puede gobernar exclusivamente desde él.

Por eso el desafío de nuestro tiempo no consiste en silenciar nuevas voces ni en limitar la participación ciudadana. Todo lo contrario. Consiste en fortalecer las instituciones para que sean capaces de escuchar sin convertirse en rehenes de la presión permanente.

Los partidos deberán abrir espacios reales para nuevos liderazgos. El Congreso tendrá que recuperar prestigio mediante mejores legisladores y mejores leyes. Las instituciones deberán explicar mejor sus decisiones y recuperar la confianza de la ciudadanía. Y quienes ejercemos responsabilidades públicas tendremos que recordar que fuimos elegidos para decidir, no simplemente para reaccionar.

Porque cuando el miedo a la próxima tendencia sustituye el deber de gobernar, la República comienza a perder silenciosamente su capacidad de decidir por sí misma.

Nuestro gran desafío no es detener el cambio. Es asegurar que, en medio de ese cambio, las instituciones sigan siendo más fuertes que la emoción del momento, más sólidas que la presión de las redes y más responsables que el impulso de la indignación.

Nuestro reto es proteger la República en la era de los algoritmos.