San Juan: ordenar la abundancia

Hay provincias cuyo principal desafío es la escasez. El de San Juan es ordenar la abundancia. Posee un valle fértil, experiencia agrícola, disponibilidad de recursos, infraestructura en expansión y una cultura de trabajo construida durante generaciones. Sin embargo, esa riqueza no siempre se ha traducido en ingresos, empleos y oportunidades proporcionales para su población.

Recorrer sus campos permite comprender la diferencia entre producción y productividad. Producir es cosechar más. Ser productivo es generar mayor valor con cada tarea de tierra, cada metro cúbico de agua, cada peso invertido y cada hora de trabajo. Una economía puede aumentar sus volúmenes y continuar estancada si vende materias primas sin transformar, pierde parte de la cosecha, utiliza ineficientemente sus recursos o deja fuera del territorio los eslabones más rentables de la cadena.

La historia de San Juan ha estado vinculada desde sus orígenes con el control y aprovechamiento del territorio. El valle fue asiento del cacicazgo de Maguana, uno de los grandes centros políticos de la sociedad taína, y la villa de San Juan fue fundada en 1503. Su localización, la amplitud de sus tierras y su función de conexión regional determinaron tempranamente una economía basada en la ganadería, la agricultura y el intercambio. Antes de ser conocido como el Granero del Sur, San Juan ya era un territorio estratégico.

Con el tiempo, la provincia se especializó en habichuelas, arroz, maíz, guandules, cebollas y otros alimentos esenciales para el país. Solo para la temporada de 2023 se proyectó la siembra de más de 140,000 tareas de habichuelas. Esa capacidad explica la importancia nacional del valle, pero también evidencia su vulnerabilidad: una parte considerable de la economía depende de productos primarios expuestos al clima, los precios, las plagas y los costos de los insumos.

El 35 % de la población activa de San Juan trabaja en la agricultura, frente a aproximadamente el 7 % nacional. La provincia depende del sector cinco veces más que el promedio del país. El dato no significa que deba abandonar su vocación agrícola. Significa que necesita hacerla más productiva, agregar valor y desarrollar actividades complementarias que reduzcan el riesgo económico.

El Censo Nacional de 2022 registró 244,667 habitantes en San Juan. Para una provincia con semejante disponibilidad de recursos, su reducido crecimiento demográfico obliga a preguntarnos por qué tantos jóvenes todavía deben buscar fuera las oportunidades que el territorio podría generar. La respuesta no está únicamente en cuánto se produce, sino en cuánto valor se retiene.

Una tarea de habichuelas puede rendir más mediante semillas adecuadas, mecanización, nivelación de suelos, asistencia técnica y riego eficiente. Pero incluso una cosecha mayor puede terminar produciendo menores beneficios si el agricultor debe vender inmediatamente, si el mercado se satura o si no existen almacenamiento, procesamiento y capacidad de negociación.

La productividad, por tanto, no debe medirse solo en quintales por tarea. También debe medirse en ingreso neto, pérdidas evitadas, empleo creado y valor que permanece en la provincia. La habichuela clasificada, empacada y comercializada bajo una identidad territorial vale más que la vendida a granel. El maíz transformado en alimento animal genera más encadenamientos que el grano sin procesar. La cebolla almacenada adecuadamente puede colocarse cuando el mercado ofrece mejores condiciones.

Pero existe un factor anterior a todos los demás: el agua.

En San Juan, el agua no es solamente un recurso natural. Es el principal capital productivo del valle. Determina qué puede sembrarse, durante cuánto tiempo, con cuáles rendimientos y bajo qué niveles de riesgo. Sin seguridad hídrica no existe seguridad agrícola, y sin información confiable sobre el agua ninguna estrategia de desarrollo puede considerarse completa.

No basta con conocer cuántos canales, pozos, presas o reservorios existen. Es necesario determinar la condición de las cuencas, la disponibilidad superficial y subterránea, la calidad del agua, la capacidad de recarga, las pérdidas de los sistemas y la demanda presente y futura de las distintas actividades.

El nuevo indicador de productividad debe ser cuánto valor económico y social genera cada metro cúbico utilizado. Esto no significa asignar el agua exclusivamente a la actividad que produzca el mayor ingreso inmediato. El consumo humano tiene prioridad constitucional y la agricultura cumple una función estratégica para la seguridad alimentaria. Significa decidir con evidencia, reconocer los costos de oportunidad y proteger el recurso del que depende toda la economía provincial.

San Juan posee potencialidades asociadas a la superficie y al subsuelo. Su futuro no debe construirse desde la falsa obligación de escoger apresuradamente entre unas y otras. Debe descansar en estudios independientes, información pública, evaluación rigurosa, participación ciudadana y reglas capaces de establecer qué actividades pueden desarrollarse, bajo cuáles condiciones y con qué garantías para las comunidades.

La institucionalidad no constituye un obstáculo para el desarrollo. Es lo que permite hacerlo posible sin comprometer lo esencial. Cuando existen procedimientos confiables, supervisión, transparencia y cumplimiento de la ley, las diferencias pueden procesarse dentro del Estado de derecho y las oportunidades pueden evaluarse por sus resultados económicos, sociales y ambientales.

La diversificación productiva ya comienza a mostrar posibilidades. En Pedro Corto se desarrolla un proyecto de uvas sin semillas sobre 18 hectáreas, equivalentes a unas 250 tareas, dirigido al mercado nacional y a la exportación. Su importancia no radica en sustituir los cultivos tradicionales, sino en demostrar que tecnología, conocimiento y acceso a mercados pueden cambiar el rendimiento económico de una misma superficie.

La industria aporta otra dimensión. El parque de zona franca de San Juan cuenta con cinco naves, genera 1,200 empleos directos y acumula inversiones superiores a RD$325 millones. Cada empleo formal reduce la dependencia exclusiva del ciclo agrícola y activa nuevos servicios de transporte, alimentación, comercio y vivienda.

El Aeropuerto Doméstico Granero del Sur, con una inversión superior a RD$580 millones, puede fortalecer la conectividad y la agroexportación. Sin embargo, su verdadero impacto dependerá de su integración con centros de empaque, refrigeración, certificaciones, logística terrestre y producción suficiente. Una infraestructura aislada es una obra; conectada con las cadenas de valor, se convierte en productividad.

El desafío es evitar que cada iniciativa avance por separado. La agricultura tradicional, los nuevos cultivos, la agroindustria, la manufactura, la infraestructura y cualquier oportunidad futura deben responder a una misma visión, capaz de medir empleo, ingreso, consumo de agua, sostenibilidad y valor retenido en el territorio.

La Constitución define el agua como patrimonio nacional estratégico y ordena utilizar racionalmente los recursos para promover un crecimiento equilibrado y sostenido. Ese mandato no enfrenta producción y protección. Exige integrarlas mediante instituciones capaces de garantizar que el desarrollo presente no destruya las posibilidades del futuro.

Durante generaciones hemos llamado a San Juan el Granero del Sur. Es un reconocimiento merecido, pero no debe convertirse en una frontera mental. La provincia puede continuar garantizando alimentos y, al mismo tiempo, generar industria, tecnología, conocimiento y empleos de mayor calidad.

San Juan ya ha demostrado que sabe producir. Su próximo salto consiste en aprender a ordenar todo lo que posee. Porque la productividad de un territorio no surge cuando explota al máximo cada recurso por separado, sino cuando consigue que sus riquezas convivan, se complementen y se conviertan en prosperidad compartida, sin comprometer aquello que ninguna generación tiene derecho a perder.