El POT de Punta Cana ya no puede esperar más
Agua, movilidad y expansión urbana dependen de la aprobación de un Plan de Ordenamiento Territorial
Durante décadas, Punta Cana creció impulsada por el turismo. Ahora necesita crecer impulsada por la planificación. La expansión urbana, el aumento de la población, la presión sobre los servicios públicos y la necesidad de nuevas infraestructuras han colocado al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el centro de una decisión que trasciende cualquier discusión sectorial.
Lo que se apruebe —o deje de aprobarse—en los próximos meses influirá directamente en cómo se desarrollará Punta Cana en las próximas décadas.
La realidad es que Verón-Punta Cana ya no es el territorio que era hace 20 años. Hoy concentra buena parte de la actividad turística nacional, atrae inversiones inmobiliarias de gran escala y mantiene un crecimiento poblacional que obliga a planificar servicios, movilidad, equipamientos públicos, vivienda y protección ambiental con una visión de largo plazo.
Precisamente para responder a ese desafío surge el POT. El documento establece áreas urbanizables y de protección, regula densidades, delimita corredores de movilidad y reserva espacios para las infraestructuras que demandará una población que continúa creciendo a un ritmo acelerado.
Sin embargo, mientras continúan las discusiones sobre porcentajes de suelo urbanizable, clasificaciones territoriales y observaciones comunitarias, el tiempo sigue avanzando sin que todavía haya nada definido con respeto a este instrumento de planificación. Y con él, también avanzan los proyectos públicos y privados que necesitarán reglas claras para desarrollarse.
El costo de la demora
La discusión pública de los últimos meses se ha concentrado principalmente en La Ceiba-El Salado, donde residentes y propietarios han cuestionado parte de la clasificación propuesta para sus terrenos.
Las observaciones son legítimas y forman parte del proceso de construcción de cualquier instrumento de ordenamiento territorial. De hecho, las autoridades han realizado consultas, recorridos de campo y nuevas evaluaciones técnicas para revisar planteamientos formulados por la comunidad.
Pero el POT abarca mucho más que una discusión sobre terrenos específicos. Mientras continúa el proceso de revisión, instituciones del propio Estado han comenzado a advertir sobre las consecuencias que podría tener una prolongación excesiva de la aprobación del plan.
La señal más clara provino recientemente del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa). La entidad solicitó formalmente que el POT incorpore y proteja los corredores, servidumbres y reservas necesarios para desarrollar el Proyecto Integral de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Reúso que ejecuta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La advertencia pretende evitar que futuras urbanizaciones, desarrollos o autorizaciones ocupen espacios que posteriormente serán necesarios para infraestructuras consideradas estratégicas para el crecimiento de la zona.
El planteamiento de Inapa trasciende el tema hidráulico. La institución desarrolla un proyecto que contempla nuevas fuentes de abastecimiento, sistemas de almacenamiento, conducción y distribución de agua potable, redes de alcantarillado, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento y sistemas de reúso.
Para que esa obra pueda construirse y operar durante las próximas décadas necesita seguridad territorial. En otras palabras, los terrenos requeridos para esas obras deben identificarse, protegerse y reservarse antes de que el crecimiento urbano termine ocupándolos.
Funciones del POT
Y esa es precisamente una de las funciones centrales del POT. La advertencia resulta significativa porque evidencia cómo la planificación territorial y las inversiones públicas están íntimamente vinculadas.
Sin una definición clara del uso futuro del territorio, proyectos de gran escala pueden enfrentar obstáculos técnicos, legales y económicos que dificulten su ejecución.
La misma lógica aplica para otras transformaciones que Verón-Punta Cana deberá enfrentar en los próximos años. La expansión vial, los corredores de movilidad, las áreas de crecimiento urbano, los equipamientos públicos, las reservas ambientales y los espacios destinados a futuras infraestructuras dependen de una planificación integral que permita coordinar decisiones y evitar conflictos entre distintos usos del suelo.
Sin un POT aprobado, cada iniciativa corre el riesgo de analizarse de manera aislada. Con un POT vigente, las decisiones pueden formar parte de una estrategia territorial común.
Desde su presentación, el POT ha transitado por un proceso de consultas y revisión que busca fortalecer el documento mediante el diálogo con los distintos sectores involucrados.
Ese ejercicio ha permitido identificar observaciones, corregir aspectos técnicos y acercar posiciones en temas sensibles. Sin embargo, también ha puesto de manifiesto la dificultad de encontrar el equilibrio entre la construcción de consensos y la necesidad de tomar decisiones.
Hoy el debate ya no se limita a determinar qué terrenos serán urbanizables o cuáles mantendrán categorías de protección. La discusión de fondo es cómo garantizar que Verón-Punta Cana disponga del marco territorial necesario para ejecutar las obras, proteger los recursos y sostener el crecimiento que demanda el principal polo turístico de RD.
Mientras las diferencias continúan discutiéndose, el territorio sigue creciendo. Y si se tarda demasiado su aprobación, se reduce sustancialmente el margen de maniobra para planificar con anticipación las transformaciones que exige a gritos la demarcación turística más importante del país.