Gobernar bien es contratar mejor

El I Congreso Internacional de la Red Internacional de Observatorios de Contratación Pública, celebrado en Punta Cana bajo el lema "Geoestrategia y contratación pública: Puentes entre Europa y las Américas", concluyó con una reflexión que trasciende los procedimientos administrativos: la calidad de una democracia también se expresa en la forma en que el Estado administra los recursos públicos y responde a las necesidades de sus ciudadanos.

Entre las valiosas intervenciones del encuentro, la clausura del jurista Miquel Roca Junyent ofreció una perspectiva especialmente relevante. En un escenario internacional marcado por tensiones geoestratégicas, incertidumbre económica e interdependencia, insistió en una exigencia fundamental: mayor seguridad económica y mayor seguridad jurídica. Ambas constituyen condiciones indispensables para que la inversión, la contratación pública y la prestación de servicios puedan desarrollarse con previsibilidad y responsabilidad.

De la gestión contractual y las asociaciones público-privadas, destaco tres lecciones:

Primero, la contratación pública debe orientarse al valor, no exclusivamente al precio. La adjudicación más barata no necesariamente representa la mejor decisión para el interés general. El costo real de una obra o servicio también comprende calidad, utilidad, y sostenibilidad a lo largo del tiempo. Una contratación formalmente impecable puede resultar profundamente ineficiente si no produce los beneficios esperados. La transición necesaria es clara: abandonar la cultura centrada únicamente en el expediente y consolidar una cultura de resultados verificables.

Segundo, ninguna reforma normativa será suficiente sin instituciones capaces de ejecutarla. El Estado de derecho requiere reglas claras, pero también administraciones profesionales y transparentes preparadas para actuar en contextos cambiantes. La seguridad jurídica no depende solo de la existencia de leyes, exige criterios consistentes y mecanismos de control que inspiren confianza.

Tercero, la colaboración público-privada exige superar una desconfianza histórica. Se precisó en diversas ocasiones una tensión persistente: con frecuencia, la Administración desconfía del empresario y el empresario, de la Administración. Este tipo de relación difícilmente puede sostener proyectos complejos y duraderos. La solución no debe concentrarse en eliminar controles ni en trasladar indiscriminadamente todos los riesgos al sector privado, más bien tiene que establecer una distribución equilibrada y transparente. La confianza recíproca no sustituye la rendición de cuentas; por el contrario, la fortalece sobre bases más sólidas e institucionales.

Finalmente, para la República Dominicana el desafío no consiste únicamente en modernizar su marco de contratación pública, sino en construir instituciones capaces de generar confianza, garantizando la seguridad jurídica y transformando los recursos públicos en resultados. La verdadera fortaleza del Estado de derecho no se proclama en las leyes, se demuestra en las decisiones. Cuando el Estado contrata mal, no solo fracasa un procedimiento; fracasa también consigo una responsabilidad y una promesa hecha a los más esencial, su ciudadanía.