Derecho a decidir

Es posible que, todavía hoy, las opiniones sobre la eutanasia de Noelia Castillo reverberen en esa cámara de eco que son las redes sociales. De los grandes medios, en particular los españoles, desapareció discretamente sin que sirviera para mucho más que dar cabida a la justificación o a la condena. 

Centrada exclusivamente en Noelia y en los incidentes presentados por una agrupación de abogados ultracatólicos para evitarle cumplir su voluntad, se dedicó poca atención al que era la razón subyacente de la discusión: el derecho a decidir. 

Habiendo trascendido el contexto español, el tema plantea la conveniencia de incorporar al debate no solo la eutanasia —que ojalá— sino el más abarcador: la libertad de hacer con nuestras vidas lo que juzguemos conveniente, excepto dañar deliberadamente a terceros. Es decir, hablar de nuestra condición de sujetos conscientes y de la responsabilidad que nos debemos.

Que el Estado, a través de sus jueces y legisladores, y las religiones y sus fieles se arroguen la potestad de suplantarnos en lo que nos concierne y afecta alegando «razones» que nos son ajenas —enmascaramiento de tabús y prejuicios—, cuestiona la idea misma de libertad, en el sentido filosófico y político, y de libre albedrío en el religioso. 

¿A quién pertenece la vida? ¿Quién decide que merece ser vivida? En el mediático caso de Noelia Castillo, las críticas tuvieron un punto de partida mayoritariamente confesional. Para entender el porqué, sobra recordar que las religiones se sostienen en la innegabilidad del dogma. No se razona, se cree, y esta creencia sin fisuras desvanece la realidad y, con ella, al sujeto. En el dogma cristiano, solo un Dios abstracto puede decidir cuándo y cómo morimos. 

En el plano mundano —aunque no exento de las influencias de la moral religiosa— el cuerpo ha sido y sigue siendo objeto del control estatal por las más diversas vías que, insertas en marcos jurídicos y prácticas sociales, se erigen en normas. Al controlar nuestros cuerpos, el Estado controla también nuestras vidas y libertades, entre ellas la elección de morir en condiciones dignas. Contradicción donde las haya porque es precisamente este Estado el que siega cotidianamente decenas de miles de vidas en todas partes.

Como algunos repitieron en los días de mayor agitación opinadora, una ley de eutanasia no obliga a nadie a optar por ella si no lo desea; pero sí obliga a los irremediablemente condenados por enfermedades a «vivir» en el sufrimiento.

Quizá algunos lectores recuerden la película Mar adentro, sobre la lucha en los años noventa de Ramón Sampedro, español como Noelia, por obtener la eutanasia en una España donde entonces no existía. Al final, debió valerse de amigos para cumplir su deseo de abandonar su cuerpo tetrapléjico.

Sampedro dejó un testamento dirigido a los jueces que durante cinco años le negaron el derecho a morir que reclamaba. Sus últimas cuatro líneas resumen la hipocresía social y estatal frente al derecho a morir dignamente: «Para una cultura que sacraliza la propiedad privada de las cosas —entre ellas la tierra y el agua— es una aberración negar la propiedad más privada de todas, nuestra Patria y Reino personal. Nuestro cuerpo, vida y conciencia. Nuestro Universo».