Transparencia sin estrategia

La transparencia no puede convertirse en un acto reflejo desprovisto de estrategia. Cuando lo hace, deja de ser fortaleza institucional y se transforma, paradójicamente, en una vulnerabilidad política.

El acto administrativo DGCP44-2026-000893, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, ilustra esa tensión. La disposición ordena la suspensión de oficio de registros de proveedores del Estado (RPE) vinculados a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, en cumplimiento del régimen de inhabilidades establecido en la Ley 47-25. En términos legales, la medida es correcta: busca prevenir conflictos de interés y resguardar la integridad del sistema de compras públicas.

Pero el problema no está en el fondo. Está en la forma. El documento evidencia que existió un proceso previo: una circular otorgó 15 días hábiles para que los funcionarios regularizaran su situación antes de proceder a la suspensión. Esa etapa debió ser suficiente para corregir administrativamente las inconsistencias detectadas. Sin embargo, avanzar hacia un acto público, acompañado de una lista de nombres, cargos y razones sociales, revela una falla en la coordinación interna del Estado. ¿Se agotaron todos los mecanismos institucionales antes de exponer públicamente a decenas de funcionarios? Esa es la pregunta de fondo.

Aquí es donde la transparencia, mal gestionada, empieza a jugar en contra del propio Gobierno. Primero, porque proyecta una falta de comunicación interinstitucional. Un Estado que se regula a sí mismo no puede parecer sorprendido por sus decisiones. La ética no solo se ejerce; también se articula, se coordina y se comunica. Cuando una institución actúa sin que otras piezas estén alineadas, lo que se transmite no es rigor, sino desconexión. Segundo, porque el acto, aunque establece que la medida no es sancionadora sino preventiva, tiene un impacto reputacional inmediato. En la percepción pública, la suspensión de un RPE puede interpretarse como una irregularidad, cuando en muchos casos responde a una incompatibilidad formal derivada del ejercicio del cargo. Tener un registro activo no implica necesariamente una relación contractual vigente con el Estado, pero ese matiz técnico se diluye en el debate público. Y ahí surge un tercer problema: el Gobierno entrega, sin filtro narrativo, insumos a la oposición y a los críticos sociales para cuestionar su gestión.

En política, la forma en que se comunica una decisión es tan relevante como la decisión misma. Publicar sin contextualizar es, en la práctica, renunciar a explicar. Un gobierno que ha asumido la ética y la institucionalidad como pilares necesita coherencia comunicacional, visión estratégica y sentido de oportunidad. Antes de la exposición pública, debió prevalecer una fase más robusta de gestión interna: advertencias directas, acompañamiento técnico y corrección oportuna. No para ocultar, sino para ordenar. Porque gobernar también es administrar percepciones. La transparencia no consiste solo en publicar información, sino en hacerlo de manera responsable y alineada con una narrativa institucional clara. De lo contrario, se incurre en una contradicción peligrosa: se fortalece lo legal, pero se debilita lo político.

La lección es clara: la comunicación interinstitucional no es un accesorio, es gobernanza. Sin estrategia, la transparencia deja de ser virtud y se convierte en ruido.